CIUDAD DE MÉXICO – En un movimiento sin precedentes para la rendición de cuentas en el país, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar proyectos de infraestructura, incluso aquellos clasificados bajo el esquema de seguridad nacional.
Con 390 votos a favor, el pleno eliminó las barreras legales que permitían a las dependencias federales y a las Fuerzas Armadas reservar información financiera y técnica de las grandes obras públicas. Bajo este nuevo marco, la opacidad por “interés estratégico” ya no será un obstáculo para el control del gasto público.
Fiscalización en tiempo real y sin excepciones
La reforma introduce cambios clave en la vigilancia de los recursos como el fin de la reserva, lo que implica que ninguna obra podrá ser omitida de las revisiones de la ASF bajo el argumento de seguridad nacional o interés público.
También se rompe con el principio de anualidad, permitiendo a los auditores intervenir en el momento mismo de la ejecución si se detectan anomalías o accidentes estructurales.
Precisando que el enfoque principal recae sobre proyectos estratégicos que, en años recientes, habían operado con márgenes limitados de supervisión externa.
Durante el debate, los legisladores coincidieron en que la transparencia debe prevalecer sobre cualquier etiqueta administrativa, argumentando que el uso de dinero público debe ser rastreable en todo momento.
Tras su aprobación en San Lázaro, la minuta ha sido enviada al Senado de la República, donde se espera que sea ratificada en los próximos días para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
