El “Grupo Tabasco” extiende su sombra sobre Pemex: Denuncian megacontrato de 4,800 mdp por simulación y sobreprecios
CIUDAD DE MÉXICO. — La sombra del “Grupo Tabasco” vuelve a proyectarse sobre el presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que una serie de denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría Anticorrupción colocaran bajo sospecha un megacontrato de 4 mil 838 millones de pesos.
Este millonario negocio, entregado mediante adjudicación directa bajo el argumento de combatir el huachicol, benefició de forma directa a las firmas Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia para la renta de 1,200 vehículos especializados, en un proceso que compromete directamente la gestión de Víctor Rodríguez Padilla al frente de la petrolera estatal.
Las alertas en los órganos de fiscalización se encendieron al revisar el acta constitutiva de Arrendo Serv en el Registro Público, la cual revela que la empresa fue creada ante la Notaría Pública Número 4 de Villahermosa, encabezada por los notarios Miguel Cachón Álvarez y Manuel Alejandro Cachón Silván.
Este despacho legal es señalado en indagatorias federales por sus vínculos con la red del exjefe policial Hernán Bermúdez Requena, hoy tras las rejas, y con el operador financiero Amílcar Olán Aparicio. Ambos personajes pertenecen al ala más pragmática del “Grupo Tabasco”, una facción históricamente coordinada por el senador Adán Augusto López Hernández y el exdirector corporativo de administración de Pemex, Marcos Herrería Alamina.
Esta red de proveeduría hoy se encuentra bajo el fuego cruzado de la propia política local, debido a la profunda fractura interna que divide al “Grupo Tabasco”. Mientras que la facción de Adán Augusto López dio cobijo a estos operadores, la corriente interna rival —encabezada por el actual gobernador Javier May Rodríguez y el exdirector de Pemex, Octavio Romero Oropeza— ha sido la principal fuerza impulsora para denunciar y desmantelar las redes heredadas por Bermúdez Requena en la entidad, evidenciando que el bloque tabasqueño dista de operar de manera monolítica.
Más allá de estas pugnas por el control regional, el expediente en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) exhibe un descarado daño al erario debido a que Pemex Logística aceptó pagar un sobreprecio del 90 por ciento por cada unidad, elevando la tarifa diaria de 1,904 a 3,606 pesos.
El fraude financiero resulta doble si se toma en cuenta que el consorcio ni siquiera tenía la capacidad técnica para dar el servicio; de hecho, las empresas tuvieron que modificar su objeto social ante el Registro Público meses después de haber ganado el contrato para poder rentar legalmente los equipos.
Frente a este escenario, la investigación federal apunta a un presunto esquema corporativo fraudulento mediante el uso de empresas fantasma para el desvío masivo de dinero público.
Con cuentas bancarias congeladas en proceso y domicilios fiscales que resultaron ser fachadas vacías, el caso se convierte en la primera gran prueba de fuego para las nuevas autoridades anticorrupción, quienes deberán determinar si este millonario contrato asignado bajo el sello de la seguridad nacional sirvió en realidad para financiar de manera ilegal al grupo político dominante del sureste.
