CIUDAD DE MÉXICO. — Una profunda discrepancia entre los registros de beneficiarios del gobierno federal y las estadísticas oficiales de población ha encendido las alarmas en el Poder Legislativo.
La senadora Claudia Anaya, denunció públicamente que la Secretaría de Bienestar otorga apoyos económicos que superan por mucho la cantidad real de adultos mayores que habitan en México. Esta alerta detonó un análisis técnico detallado sobre el manejo del presupuesto que revela un presunto gasto no comprobable de 57,600 millones de pesos anuales, cifra que fundamenta la acusación de la legisladora.
La denuncia pone el foco sobre el programa insignia de la administración federal, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. De acuerdo con los señalamientos de Anaya, los números oficiales presentados por las autoridades simplemente no cuadran con la realidad demográfica del país. Esta situación abre la sospecha de un desvío multimillonario o de una grave falta de depuración institucional a través de la inflación de los padrones públicos.
Para entender la magnitud del problema, es necesario contrastar de forma directa las tres fuentes de datos oficiales que exponen la desconexión estadística en el país. Por un lado, la Secretaría de Bienestar reporta en sus informes de dispersión presupuestal que entrega la pensión no contributiva a un total de 13.7 millones de beneficiarios. En contraste, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, tiene contabilizados únicamente a 13.3 millones de adultos mayores de 65 años o más dentro del territorio nacional, lo que genera una primera diferencia de 400,000 personas.
La brecha se vuelve todavía más crítica al revisar las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población, el CONAPO. Las estimaciones demográficas de este consejo sitúan la población real de la tercera edad en apenas 12.2 millones de personas.
Al tomar como referencia esta proyección del CONAPO frente a lo reportado por las autoridades de Bienestar, el resultado neto es un excedente de 1.5 millones de personas inscritas que reciben un pago gubernamental sin un sustento demográfico que las respalde.
El impacto económico de esta anomalía adquiere dimensiones multimillonarias cuando se traduce a pesos y centavos bajo las Reglas de Operación vigentes del programa. Con un apoyo económico fijado en 6,400 pesos bimestrales por cada beneficiario, la existencia de este millón y medio de registros excedentes le cuesta al erario público un aproximado de 9,600 millones de pesos cada dos meses en un concepto de población no comprobable.
Al multiplicar este costo por los seis bimestres que componen el ejercicio fiscal de un año completo, el gasto anualizado sin justificación técnica viable asciende exactamente a 57,600 millones de pesos.
Este desglose matemático explica con precisión el origen de la denuncia de la senadora Claudia Anaya, cuya advertencia sobre un boquete de casi 60,000 millones de pesos coincide con el acumulado anual de la brecha existente entre los criterios de Bienestar y el CONAPO.
Ante este escenario de opacidad, la legisladora urgió a la Auditoría Superior de la Federación a intervenir de manera inmediata para auditar y depurar el Padrón Único de Beneficiarios.
Especialistas en gasto público señalan que estas discrepancias suelen originarse por graves deficiencias administrativas, tales como el retraso en la baja de personas fallecidas o la duplicidad de identidades. Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar ha guardado silencio respecto a la justificación técnica de esos 1.5 millones de apoyos adicionales.
