NUEVA YORK – En un golpe sin precedentes a la estructura política del noroeste de México, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la Administración de Control de Drogas (DEA) anunciaron hoy, una acusación formal contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Al mandatario estatal se le imputan cargos de conspiración para importar narcóticos —incluyendo fentanilo y metanfetaminas— y lavado de dinero, en un esquema que, según las autoridades estadounidenses, lo vincula directamente con la cúpula del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Departamento de Justicia, la investigación revela que Rocha Moya, junto con otros nueve altos funcionarios de su administración, habría recibido sobornos millonarios a cambio de brindar protección operativa para el traslado de sustancias ilícitas hacia la frontera norte.
Filtrar información sobre operativos de las fuerzas federales y facilitar la logística para el control territorial de zonas estratégicas en Sinaloa.
“Nadie está por encima de la ley, independientemente del cargo público que ostente”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.
“Esta acusación es el resultado de años de inteligencia que demuestran cómo la corrupción política es el motor que permite la crisis del fentanilo en nuestras calles”.
La presión sobre Rocha Moya se intensificó tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, quien a través de una carta pública aseguró que el día de su detención se dirigía a una reunión con el gobernador.
A este antecedente se sumó la reciente confirmación de que el gobierno estadounidense revocó la visa del funcionario desde el año pasado por sospechas fundamentadas de nexos con el crimen organizado.
Hasta el momento, la oficina de comunicación del Gobierno de Sinaloa no ha emitido una postura oficial, aunque en ocasiones previas Rocha Moya ha negado tajantemente cualquier relación con grupos delictivos, calificando los señalamientos de “infundios políticos”.
Por su parte, la Cancillería mexicana no ha confirmado si existe ya una solicitud formal de extradición.
El caso marca un punto de ruptura en la relación bilateral en materia de seguridad, colocando a un gobernador en funciones bajo la mira directa de la justicia estadounidense por primera vez en años recientes.
