CIUDAD DE MÉXICO. — Un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales en el estado de Oaxaca culminó con la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel N., y otra persona, lo que provocó una inmediata reacción del gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, quien advirtió que en su estado “nadie estará por encima de la ley”.
La captura del alcalde de uno de los municipios económicamente más importantes del Istmo de Tehuantepec se realizó bajo un estricto despliegue coordinado desde la capital del país por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República.
El mandatario oaxaqueño utilizó sus plataformas oficiales para respaldar la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, argumentando que la aplicación de la justicia no admitirá consideraciones políticas.
“Lo había advertido y lo sostengo: la seguridad de nuestras familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés. No habrá impunidad ni excepciones“, sentenció Jara Cruz a nivel local, en un mensaje que envía una fuerte señal política hacia el interior de los gobiernos municipales de la región.
El golpe policial, ejecutado en un territorio clave para los proyectos de infraestructura federal en el sur del país, contó con la participación de un frente institucional de alto nivel en el que intervinieron las fuerzas armadas a través de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, las labores de procuración de justicia y seguridad ciudadana fueron coordinadas por la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y las corporaciones federales y estatales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Ante el impacto de la noticia en la opinión pública nacional, las autoridades oaxaqueñas informaron que Juchitán se mantiene en paz y bajo absoluta gobernabilidad. El gobierno estatal concluyó que la detención es una muestra de que se “predicará con el ejemplo” en el combate a la ilegalidad, asegurando que se mantendrá la estrecha coordinación con el Gobierno de México para procesar a quienes se antes del Estado de derecho.
