Madres buscadoras reportan el hallazgo de 1,600 dientes de leche en Michoacán; fiscalía local niega tener registros
ZACAPU, MICHOACÁN. Integrantes del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México reportaron la recuperación de aproximadamente 1,600 piezas dentales infantiles en un predio de la zona serrana de Zacapu, recolectadas durante jornadas de cribado en lo que describen como un sitio de incineración clandestina.
La líder de la organización, Margarita López, señaló que los análisis preliminares sugieren que los restos óseos pertenecen a menores de entre uno y seis años. No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán emitió un comunicado donde afirma no contar con registros forenses oficiales ni antecedentes sobre el procesamiento de dichas piezas en el municipio.
Esta discrepancia administrativa evidencia la falta de coordinación y la lentitud que caracterizan las investigaciones de desaparición forzada en el país. El colectivo, que mantiene protestas activas frente a la Fiscalía General de la República (FGR), acusa a las instituciones de omitir o desestimar los hallazgos ciudadanos en lugar de acelerar los peritajes de ADN necesarios para identificar a las víctimas.
Ante la inacción de los peritos oficiales, las familias de los desaparecidos se ven obligadas a desarrollar metodologías propias para procesar las zonas de exterminio, asumiendo tareas de excavación y filtrado de ceniza que corresponden legalmente al Estado.
El escenario en Michoacán refleja una crisis estructural de violencia en el territorio nacional, donde el registro oficial ya supera las 115,000 personas desaparecidas sin que existan mecanismos forenses eficientes para darles respuesta.
Pero el caso de Zacapu no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica donde la acumulación de restos humanos en fosas clandestinas rebasa sistemáticamente las capacidades y la voluntad de las autoridades locales y federales.
Mientras las dependencias se deslindan mediante tecnicismos burocráticos, la impunidad prevalece en las regiones con mayor presencia del crimen organizado, dejando el peso de la búsqueda y la exigencia de justicia exclusivamente en manos de la sociedad civil organizada.
A nivel federal, la postura oficial mantiene una línea de desatención hacia las alertas internacionales y los reclamos colectivos; en sus declaraciones más recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó los cuestionamientos sobre la gravedad de la situación al sostener que en el país no existen “desapariciones forzadas” sistemáticas ordenadas desde el Estado, argumentando que el fenómeno actual responde estrictamente a dinámicas de la delincuencia organizada y que una parte significativa de los registros corresponden a ausencias voluntarias.
Esta narrativa, enfocada en la reclasificación de cifras y en la defensa de programas de búsqueda inmediata de corto plazo, choca directamente con la realidad que enfrentan los colectivos en el terreno de juego, quienes denuncian que la negativa a reconocer la magnitud de las fosas clandestinas y la lentitud en la identificación forense perpetúan la impunidad y dejan en el abandono el hallazgo de cientos de restos humanos en el país.
