SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN. – El hallazgo de los restos calcinados de Lázaro Mendoza Ramírez, líder social y defensor ambiental de la comunidad de Paramuén, ha sacudido nuevamente a un estado que se desangra en la defensa de sus recursos naturales.
Mendoza, quien había sido reportado como desaparecido tras recibir amenazas por su labor comunitaria, fue localizado en una zona serrana de este municipio, confirmaron las autoridades estatales mediante pruebas de genética.
El asesinato de Mendoza no es un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis profunda. Michoacán se ha consolidado como uno de los epicentros de la violencia contra activistas en México. Desde la desaparición de los defensores de la comunidad de Aquila hasta los homicidios en la zona de la mariposa Monarca, el mensaje para quienes protegen el agua, los bosques y el territorio es el mismo: la muerte.
A nivel nacional, las cifras son alarmantes. México se sitúa sistemáticamente entre los países más peligrosos del mundo para el activismo ambiental. Según informes de organizaciones como Global Witness y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la impunidad en estos crímenes supera el 90%, lo que permite que grupos criminales y caciques locales operen con total libertad contra quienes se oponen al despojo
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha demostrado ser insuficiente, reactivo y burocrático. Mientras el discurso oficial apela a la justicia social, los activistas en el territorio son abandonados a su suerte frente a grupos armados con capacidad de fuego militar.
En Michoacán, las autoridades parecen limitarse a la recolección de cuerpos y la confirmación de identidades. No existen estrategias de inteligencia preventivas que desarticulen las amenazas antes de que se conviertan en ejecuciones. La justicia se percibe más como un trámite administrativo que como una voluntad real de castigo.
Los gobiernos locales, a menudo cooptados o intimidados por el crimen organizado, mantienen un silencio cómplice. En Salvador Escalante, como en tantos otros municipios, la policía local carece de la voluntad o la capacidad para garantizar la vida de sus líderes sociales.
El asesinato de Lázaro Mendoza es un recordatorio de que en México proteger la naturaleza es una sentencia de muerte. Mientras no exista una política integral de seguridad que pase de la retórica a la acción penal contra los responsables, los nombres de los defensores seguirán engrosando las listas de desaparecidos y expedientes archivados
