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junio 28, 2026

Polígrafo Digital

Noticias y Análisis Político

INE aprueba el registro de dos nuevos partidos políticos nacionales

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó formalmente el registro de dos nuevas fuerzas políticas nacionales: “Construyendo Sociedades de Paz” y “Personas Sumando en 2025” (conocida tentativamente como “Somos México”).

Ambas solicitudes obtuvieron validez jurídica tras cumplir con las asambleas y afiliaciones requeridas por la ley. Sus registros oficiales entrarán en vigor el próximo 1 de julio de 2026, ampliando a ocho el número de partidos en el país.

Su incorporación no generará un gasto adicional al erario público para lo que resta del año, ya que participarán bajo un esquema presupuestal redistribuido.

La primera fuerza es Construyendo Sociedades de Paz (Partido PAZ), impulsada por Hugo Éric Flores Cervantes, exdirigente del desaparecido PES. Esta facción agrupa a las bases de ese antiguo partido y proyecta una postura de cordialidad con el bloque oficialista.

La segunda es Personas Sumando en 2025, encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo, expresidente del extinto PRD. Esta agrupación surge de la estructura ciudadana de la Marea Rosa y se define como oposición al gobierno actual.

El INE ordenó a esta última organización modificar su propuesta de nombre definitivo y colores institucionales. La autoridad determinó que la frase “Somos México” carece de neutralidad política.

Por ley, ambos partidos tienen prohibido formar coaliciones o alianzas electorales con otras fuerzas políticas en su primera elección. Para mantener su registro vigente, cada partido estará obligado a alcanzar un mínimo del 3% de la votación nacional válida en los comicios para diputaciones federales.

Durante la misma sesión, el INE rechazó las solicitudes de registro de las organizaciones “Que Siga la Democracia” e “Inclusión y Empatía para Todos” por irregularidades administrativas y financieras.

Asimismo, se le negó el registro a la agrupación “México Tiene Vida” al acreditarse la intervención de ministros de culto religioso dentro de su estructura, violando el principio constitucional de laicidad.


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