CIUDAD JUÁREZ, CHIH. — La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación penal en contra de cinco elementos activos de la Guardia Nacional que se encontraban comisionados a la seguridad del Aeropuerto Internacional Abraham González. Los agentes fueron detenidos tras ser acusados de integrar una red delictiva dedicada al secuestro exprés y la extorsión de pasajeros, principalmente de aquellos procedentes del sur del país.
De acuerdo con las investigaciones federales bajo las causas penales 439/2026 y 443/2026, los uniformados aprovechaban su autoridad dentro de la terminal aérea para interceptar a los viajeros bajo el argumento de revisar su situación migratoria. Una vez bajo su control, incomunicaban a las víctimas y exigían dinero a sus familias a cambio de no entregarlos a las autoridades de migración o permitirles abandonar el aeropuerto.
El primer incidente se registró el pasado 2 de julio, cuando cuatro guardias nacionales retuvieron a un pasajero procedente de la Ciudad de México en el estacionamiento del aeropuerto. Tras quitarle su teléfono celular, le exigieron a su familia un pago de 15 mil pesos, monto que fue transferido directamente a la cuenta bancaria de la esposa de uno de los agentes. El afectado logró zafarse y pedir auxilio dentro de la terminal, lo que derivó en el arresto de los involucrados.
El segundo caso ocurrió al día siguiente, el 3 de julio, cuando un quinto elemento de la corporación fue sorprendido en flagrancia por el propio administrador del aeropuerto mientras extorsionaba a un pasajero originario de Tapachula, Chiapas. El agente le exigía 3 mil pesos en efectivo a cambio de permitirle abordar un taxi para retirarse de las instalaciones federales.
Los implicados fueron identificados como el sargento primero Jesús Gerardo R. A., de 43 años, y los soldados Fernando P. R. de 34 años, Alfredo G. C. de 31 años, Horacio de la C. S. de 24 años y Jonathan de Jesús O. V. Un juez federal de control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa debido a que los delitos se agravan al haber sido cometidos por servidores públicos en funciones.
La Comandancia General de la Guardia Nacional emitió un pronunciamiento donde condenó los hechos y confirmó que su Unidad de Asuntos Internos inició los procedimientos administrativos correspondientes para concretar la baja definitiva de los elementos involucrados, de manera independiente al proceso penal que enfrentan.
