Diego Martínez
El caos y el desorden que se viven en las calles de la capital oaxaqueña no son una casualidad ni un fenómeno fortuito. Son el resultado directo de décadas de complicidad, opacidad y una herencia de corrupción que utilizó al transporte público como una caja chica económica y un bastión de presión política.
Al amparo de administraciones pasadas, se solapó un esquema de impunidad donde dependencias oficiales y líderes sectoriales permitieron el tráfico ilegal y la concentración desmedida de concesiones, permitiendo que una sola persona o dirigente llegara a acumular desde 15 hasta decenas de placas a través de prestanombres, edificando monopolios que hoy se resisten a perder sus privilegios.
Esta red de corrupción es la causa directa del pésimo servicio que la ciudadanía ha tenido que soportar por años. El acaparamiento de permisos generó un negocio redondo para unos cuantos dueños ausentes, quienes ven las unidades como máquinas de cobrar rentas diarias y no como un servicio público.
La falta de supervisión y la colusión de las autoridades del pasado permitieron que unidades en condiciones deplorables, sin frenos óptimos y con llantas lisas circularan impunemente. Esta negligencia institucional ha costado vidas, provocando una alta incidencia de accidentes y colisiones mortales que convierten al transporte foráneo en auténticas trampas mortales.
Hoy en día, ante el proceso de ordenamiento que está iniciando el gobierno del Estado, las mafias que históricamente controlaron el sector han reaccionado para frenar la legalidad.
Diversos actores políticos, incluyendo a partidos de la oposición y a personajes que antes se decían aliados del proyecto actual, han emprendido una agresiva campaña de difamación y provocación en los medios y las calles.
Estos actores buscan politizar el ordenamiento para obtener dividendos particulares, manipulando a los transportistas y choferes con falsas narrativas para usarlos como carne de cañón y desestabilizar la paz pública.
Si bien los transportistas tienen el legítimo derecho de defender su fuente de ingresos y el sustento de sus hogares, también es imperativo que comprendan que la realidad actual es insostenible. El servicio que se ofrece hoy es deficiente, inseguro y representa un peligro constante para los ciudadanos que no tienen otra opción más que arriesgar su integridad física cada vez que abordan una unidad.
El chantaje político, los bloqueos en cruceros estratégicos por parte de sindicatos corporativistas y la resistencia violenta ya no pueden estar por encima del bienestar colectivo. Desmantelar estas redes de corrupción es el único camino para rescatar el transporte público y devolverle el orden a Oaxaca.
