METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. — Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso en contra del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad. A pesar de la resolución judicial, el edil de extracción panista confirmó que no solicitará licencia ni será destituido, por lo que continuará ejerciendo sus funciones al frente del ayuntamiento. “Sigo siendo alcalde”, declaró de forma tajante al salir de las salas de los juzgados de Almoloya de Juárez.
La imputación penal deriva de un incidente ocurrido el pasado 4 de junio, cuando presuntamente el mandatario local, acompañado por escoltas armados, ingresó por la fuerza a las instalaciones del Club Deportivo La Asunción debido a un aparente conflicto familiar. El proceso legal se inició en agravio de su sobrina, identificada como Paola Lucero “N”, así como de la administración pública. Cabe destacar que el delito de lesiones que inicialmente se contemplaba quedó sin efecto, luego de que las partes involucradas alcanzaran un acuerdo reparatorio previo.
Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la autoridad judicial determinó que existen los elementos suficientes para continuar con la investigación formalizada. No obstante, el juzgador descartó aplicar la medida de prisión preventiva justificada, permitiendo que el funcionario afronte el juicio en libertad.
Como parte de las medidas cautelares vigentes, el mandatario municipal está obligado a cumplir con una firma mensual, lo que requiere acudir periódicamente a registrar su asistencia ante la autoridad judicial. Asimismo, se le impuso una restricción de acercamiento que le prohíbe estrictamente aproximarse al Club Deportivo La Asunción. Finalmente, el juez dictó una orden de cero contacto, la cual le impide comunicarse por cualquier vía con las víctimas directas del caso. El juez fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual tanto la defensa del alcalde como el ministerio público recabarán las pruebas definitivas antes de iniciar la etapa de juicio.
