XALAPA, VER. — Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de ocho personas —entre ellas cuatro policías municipales en activo— presuntamente implicadas en el secuestro, tortura y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó que el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para la totalidad de los imputados bajo el proceso penal 365/2026, otorgando un plazo de varios meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
Colusión policial con el crimen organizado
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, la célula delictiva operaba en total complicidad con las fuerzas de seguridad del municipio de Ixhuatlán del Sureste. Los expolicías locales Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N” fueron vinculados por presuntamente proveer recursos logísticos, alimentos y protección al grupo criminal mientras mantuvieron cautiva a la comunicadora.
Por otra parte, los presuntos autores materiales y líderes operativos procesados fueron identificados como:
- Javier Iván “N” (alias “Delta 1”), señalado como jefe de la plaza delictiva.
- José del Carmen “N” (alias “Delta 7”).
- Luis Arturo “N” (alias “Delta 11” o “El Pelón”).
- Karen Monserrat “N” (alias “La Hiena”).
El hallazgo y la identificación científica
Roxana Guzmán fue privada de su libertad por un comando armado el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital. Tras semanas de búsqueda, uno de los sicarios detenidos reveló la ubicación de una fosa clandestina dentro de un rancho en el municipio vecino de Moloacán.
En el sitio, peritos forenses localizaron restos humanos calcinados dentro de un contenedor. Fue hasta el viernes 3 de julio cuando los análisis genéticos de ADN confirmaron científicamente la identidad de la periodista, evidenciando además que sufrió severos actos de tortura antes de morir.
Exigencia de justicia e indignación gremial
Los restos de la comunicadora fueron entregados a sus familiares y sepultados el pasado martes 7 de julio en Nanchital, en medio de reclamos sociales que exigen frenar la impunidad en la entidad.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han condenado enérgicamente el crimen. El gremio periodístico exige a las autoridades federales atraer el caso para garantizar que la línea de investigación principal se enfoque en su labor informativa, la cual denunciaba de manera constante los nexos entre la delincuencia organizada y los gobiernos locales del sur de Veracruz.
