Pemex admite responsabilidad en derrame del Golfo; hay funcionarios cesados y denuncia ante la FGR
CIUDAD DE MÉXICO – Tras semanas de versiones encontradas, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, confirmó que el derrame que contaminó el Golfo de México desde febrero de 2026 tuvo su origen en una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas del complejo Abkatún.
Pese a las imágenes satelitales y reportes de organizaciones ambientales que alertaron sobre una mancha de gran extensión, el directivo matizó el impacto visual del evento. Explicó que una parte considerable de lo observado correspondía a “iridiscencias” —capas extremadamente delgadas de aceite sobre el agua— y no a un vertido de crudo pesado en espesores que representen un desastre ecológico mayor.
Pemex aseguró que se mantiene la vigilancia en la zona y que se han iniciado los trabajos de reparación definitiva en el ducto afectado para normalizar las operaciones en el activo Abkatún-Pol-Chuc.
Por su parte, autoridades ambientales han comenzado la evaluación de daños para determinar si habrá sanciones o medidas de remediación adicionales en el ecosistema marino.
A raíz del incidente, Pemex anunció la separación del cargo de tres funcionarios de alto nivel de las áreas de Seguridad, Control Marino y Derrames. Por su parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos ambientales, buscando castigar las fallas en los protocolos de supervisión y respuesta.
A pesar de la confirmación oficial, expertos y organizaciones como Greenpeace México critican la lenta reacción de las autoridades. El derrame fue detectado por satélites desde el 6 de febrero, pero la paraestatal y el Gobierno Federal tardaron semanas en reconocer la falla en el ducto de Abkatún. Esta parálisis operativa permitió que el crudo se dispersara por más de 600 kilómetros de litoral, afectando playas y reservas naturales en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
La postura oficial ha sido duramente cuestionada por intentar minimizar el desastre. Mientras el gobierno inicialmente sugirió que la contaminación provenía de un “buque privado” o emanaciones naturales, grupos ambientalistas documentaron que la magnitud del vertido alcanzó los 50 km².
Organizaciones del sector denuncian una “falsedad oficial”, señalando que se priorizó la imagen de la empresa sobre la transparencia informativa y la contención inmediata del daño ecológico.
