El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se ha colocado nuevamente en el ojo del huracán tras revelarse un plan multimillonario que promete llevar la violencia en las detenciones migratorias a un nivel inédito.
La agencia federal planea desembolsar entre 10 y 20 millones de dólares para armar a sus oficiales con el G.L.O.V.E., un dispositivo táctico encubierto en guantes de patrulla comunes, pero capaz de infligir descargas de hasta 380 voltios directamente sobre la piel de los detenidos.
Esto bajo la justificación oficial de conseguir una “obediencia rápida a través del dolor”, una premisa que ha desatado una ola de indignación en todo el país.
Gobiernos locales y defensores civiles de estados y ciudades “santuario” como California, Nueva York e Illinois respondieron con un portazo absoluto. Estas administraciones calificaron la adquisición como un despliegue de crueldad institucionalizada que busca sembrar el terror en los vecindarios migrantes.
Al prohibir por ley que sus policías locales colaboren con los operativos federales de deportación, estas jurisdicciones advierten que meter armas de tortura invisible a sus calles rompe los lazos de confianza comunitaria y sabotea de tajo la seguridad pública local.
Frente a este escenario, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de derechos humanos denunciaron formalmente el peligro del dispositivo, argumentando que la amenaza principal radica en que, al activarse con un simple toque o sujeción física, el guante permite infligir dolor extremo en la opacidad total, lejos del alcance de las cámaras de los testigos o de las patrullas.
Señalando que entregar esta tecnología a una agencia que opera prácticamente sin supervisión externa ni control de confianza representa, para los activistas, una invitación abierta a la brutalidad policial impune.
Este millonario gasto resulta aún más alarmante al contrastarlo con el historial de una agencia marcada por el abuso sistemático. Informes de derechos civiles han documentado por años cómo los operativos de ICE suelen dejar un rastro de golpizas, maniobras de asfixia y persecuciones letales.
Dicha violencia ni siquiera discrimina estatus legal. El arraigado perfilamiento racial de la agencia ha provocado el arresto ilegal, el hostigamiento y hasta intentos de deportación de ciudadanos estadounidenses, quienes terminan atrapados en el sistema federal por su apariencia física, color de piel o apellidos de origen hispano.
A esta cadena de atropellos se suman los constantes allanamientos de morada sin orden judicial, donde los agentes tiran puertas o entran con amenazas falsas a hogares protegidos por la Constitución. Tampoco han respetado las llamadas “zonas seguras”, ejecutando arrestos masivos a las afueras de escuelas, iglesias y hospitales, manteniendo bajo un estado de sitio psicológico a comunidades enteras.
Con la llegada de los guantes eléctricos, el choque político y legal entre el gobierno federal y los estados que se resisten a normalizar la cacería de migrantes promete escalar a su punto más crítico.
