Durante los casi cinco años del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, la falta de obra pública y proyectos sociales trascendentales, así como las denuncias por corrupción, desvío de recursos públicos y el enriquecimiento ilícito de varios funcionarios, han sido una constante.
Al igual que la impunidad que acompaña a cada una de estas denuncias, que solo llegando al escenario público ha provocado una que otra renuncia y alguna remoción de funcionarios menores.
Pero las malas prácticas y el uso discrecional de los recursos públicos continúan. Esto a pesar de que el Poder Legislativo lleva casi tres años en manos de la oposición conformada por Morena y el Partido del Trabajo, quienes suman la mayoría en el Congreso local.
De acuerdo al expresidente de la LXIV Legislatura, César Morales Niño, esta situación de impunidad comienza desde el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
En entrevista, señaló que han llevado las denuncias por la contratación de empresas boletinadas por el SAT y el aparente desvío de recursos por medio de empresas factureras, ante las instituciones federales porque no confían en las estatales, ya que en Oaxaca las dependencias en sus reglamentos protegían este tipo de impunidad, sentencia.
“Desde el órgano superior de fiscalización está establecido que no está prohibido contratar a empresas que no tienen domicilio fiscal, que sean facturares o incluso que estén boletinadas por el SAT”, añade Morales Niño al explicar que desde el año pasado empezaron a descubrir que dependencias como CAO, Sinfra, CEVI, entre otras, contrataban empresas factureras que incluso contaban con alertas en el SAT, para hacer obra pública.
No obstante, menciona que tras presentar las denuncias, el propio titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, Guillermo Megchún Velázquez, en una comparecencia reconoció que dicha acción no estaba prohibida.
Por ello, en el presupuesto de egresos 2021, se estableció a propuesta del Diputado César Morales, la prohibición para contratar a este tipo de empresas. Lo cual dijo, es un negocio tan frecuente como redituable en Oaxaca.
Comentó que incluso se engaña a Presidentes municipales, señalando como ejemplo un caso en la Sierra Sur, en donde el edil gestionó una obra de rastreo de camino, por lo que la comunidad aportó mano de obra y una empresa rentó la maquinaria, cuyo costo ascendía a poco más de 200 mil pesos, sin embargo, al momento de firmar por la entrega de la obra, en el documento presentado por el gobierno de Oaxaca, la inversión sumaba 2 millones de pesos que eran facturados por una empresa diferente a la que realizó el trabajo.
Señaló que estas prácticas se replican en todo el estado, por lo que han pedido a la Secretaría de la Función Pública que ponga atención en lo que sucede en Oaxaca.
“Llevamos dos sexenios en donde la corrupción tiene total impunidad, llevamos más de 10 años en medio de la corrupción y nadie hace nada porque las leyes están hechas para los corruptos en Oaxaca”, declaró.
Ante esta situación, ha solicitado que desaparezca todo el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción porque -asegura- no sirve y solo está costando muchos millones de pesos del erario público sin que exista un solo beneficio para Oaxaca, como el reingreso de recursos por corrupción que le puedan quitar a servidores públicos.
Morales Niño recordó que la actual legislatura no ha aprobado las Cuentas Públicas 2017, 2018 y 2019 del Gobernador Alejandro Murat. E incluso se ha denunciado al titular del OSFE por incurrir en violaciones a la Constitución local y federal por no entregar a tiempo las Auditorías, alegando que fue por motivo de la pandemia, no obstante, de acuerdo a los lineamientos federales de sanidad, las actividades de fiscalización no debían detenerse, argumenta.
“El señor tendría que haberse ido hace mucho tiempo porque ha faltado a toda responsabilidad en el cargo que tiene, no ha ganado un solo juicio en contra de algún Ayuntamiento que no haya solventado sus cuentas públicas y se ha pasado tapando la corrupción de las dependencias estatales, a quienes con un simple oficio que él mismo emite, dice que ya subsanaron todo”, añadió el legislador petista al afirmar que hay millones de pesos que las dependencias no justifican pero Megchún Velázquez los avala, denunciando que desde el OSFE empieza la impunidad a la corrupción en Oaxaca.
Recordó que Guillermo Megchún fue Secretario de Finanzas del padre del actual gobernador Alejandro Murat, por lo que hay un vinculo de amistad que los une, pero que ha pasado a la complicidad. “Por lo que sería bueno que se llamara a cuentas al titular del órgano por su falta de capacidad para hacer un ejercicio transparente en la fiscalización de los recursos públicos de las y los oaxaqueños”, agrega Morales al calificar al OSFE como un área estratégica para combatir la corrupción, “pero cuando desde ese lugar se fomentan estás practicas, pues la corrupción está a todo lo que da en Oaxaca”.
“Vamos a tener dos sexenios del año de Hidalgo, así de grave es la situación de Oaxaca”, alertó el representante popular al reiterar que “no sabemos en qué se aplican lo recursos públicos”, porque si bien los Diputados aprueban el presupuesto, el Ejecutivo tiene la facultad de modificarlo, lo que impide el correcto seguimiento de los recursos, explica.
“Aún cuando el Congreso es de mayoría de oposición al actual gobierno, existen situaciones al interior de los Grupos Parlamentarios que impiden que puedan trabajar en una hegemonía a favor de Oaxaca, lo que ha sido un grave problema”, lamenta el Diputado miembro de la coalición Juntos Haremos Historia.
Sobre las denuncias, condenó que exista un círculo vicioso en torno al sistema estatal de combate a la corrupción. “Tú denuncias en la contraloría, la contraloría da vista a la Fiscalía Anticorrupción pero resulta que la Fiscalía no tiene recursos ni personal, nada para operar, y ahí es donde se atora todo, porque esta Fiscalía debería mandar los resultados de sus investigaciones al Tribunal de Justicia Administrativa, en donde también las cosas, no están nada bien”, espetó.
“Por eso no caminan las investigaciones, no caminan las denuncias y no hay castigo para quien comete corrupción en Oaxaca, desde el Sistema Estatal de Combate a la corrupción se está fomentado la impunidad para quien cometa corrupción en Oaxaca”, aseveró al mencionar que aunque él ya pidió la renuncia del Auditor Superior, debe ser la Comisión de Vigilancia del Organo Superior la que logre el acuerdo de esta remoción.
Dicha Comisión está integrada por Laura Estrada Mauro y Horacio Sosa Villavicencio de Morena; María Lilia Arcelia Mendoza Cruz del PRI; Noé Doroteo Castillejos del Partido del Trabajo y Aleida Tonelly Serrano, quien llegó bajo la bandera de Morena pero abandonó la bancada y se declaró como diputada independiente.
Pese a las evidentes trabas al interior del Poder Legislativo para combatir la corrupción en el Ejecutivo, Morales Niño advierte que seguirá insistiendo en el cambio en la dirección del OSFE, por alguien que garantice que la fiscalización se hará efectiva en el Estado, y “no solape la corrupción como sucede actualmente”.
Agregó que según dichos del Fiscal Anticorrupción, la corrupción año en Oaxaca podría estar ascendiendo a tres mil millones de pesos cada año. Dinero que hace mucha falta, señaló.
El pasado 14 de abril, el Congreso aprobó la nueva Ley del Sistema Estatal del Combate a la Corrupción, en la que desaparece el Comité de Participación Ciudadana para crear el Consejo de Participación Ciudadana.
Las y los Diputados oaxaqueños también avalaron la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIO), cuya titular es la ahija de Murat Hinojosa, para dar vida al Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno.
Para hacer valer esta medida, el 1 de junio se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado los decretos 2473 y 2495, sin embargo, poco después el archivo fue eliminado del sitio web y de acuerdo a fuentes al interior de la Consejería Jurídica del estado, no existen copias físicas del documento.
Ante ello, el Congreso advirtió que tomaría medidas legales para sancionar la violación a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Procedimiento Justicia Administrativa.
