Ciudad de México.- El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, aceptó el amparo presentado por Greenpeace México y ordenó suspender de manera provisional todos los efectos derivados de la política de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, incluida la aplicación del Acuerdo del Cenace y Sener en materia de generación de energía eléctrica.

“Se suspendan todos los efectos y consecuencias derivados del Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARSCoV2 (Covid-19), de veintinueve de abril de dos mil veinte”, señala el documento.

Asimismo, indica que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020.

“Los sujetos obligados en la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, entre los que se encuentran la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, deberán abstenerse de cumplir con las obligaciones generales y particulares del acuerdo reclamado”, precisa.

A su vez, en un comunicado, la especialista en derecho ambiental de Greenpeace México, María Colín, señaló que la ciudadanía obtiene una victoria en términos de la protección a sus derechos humanos a un ambiente sano, a la protección a la salud, a la participación en asuntos medioambientales y a la legalidad, principal interés de la organización ambientalista.

“Es importante precisar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión provisional otorgada, por lo que deberán abstenerse de seguir los lineamiento que se establecieron en el Acuerdo y Política mencionados”, aseguró.

La coordinadora de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA, Anaid Velasco, expuso que los acuerdos motivo de la demanda, además de haber sido emitidos en franca violación a los procedimientos jurídicos previstos para ello, son a todas luces medidas regresivas que alejan a México del cumplimiento de sus compromisos internacionales.

“Celebramos la suspensión, por ahora provisional, otorgada por el Juez ya que contribuye a la protección de estos derechos humanos y está alineada a los máximos valores que protege nuestro sistema jurídico”, señaló Velasco.

Aunque esta medida fue otorgada sólo a la organización ambientalista, su efecto será sobre todos los participantes del sector de renovables.

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