Zacatecas.- La fuga de reos, así como las constantes irregularidades en los centros penitenciarios de Zacatecas, han dejado en evidencia diversas faltas y han puesto sobre la mesa muchas dudas que han quedado sin resolver, sobre todo en los procesos de control y administración de los penales.
Por ello, con el objetivo de informar sobre las investigaciones en las fugas de reos, las condiciones de los Centros de Readaptación Social y el estado real de la inseguridad en Zacatecas; el Diputado Omar Carrera presentó un Punto de Acuerdo para que comparezca el Secretario de Seguridad Pública ante las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y, Transparencia y Protección de Datos Personales del Congreso.
“En nuestra Zacatecas, las labores de prevención del delito y readaptación social corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas cuya misión es Garantizar la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas, así como de sus bienes”, dijo el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (morena).
Desde la Tribuna insistió que además está “mantener el orden público en el Estado; promover y coordinar programas de prevención del delito y establecer los mecanismos de coordinación con otras instancias de gobierno”.
Además, recordó que dicha Secretaría “tiene como visión ser de vanguardia, que genere permanentemente las condiciones eficientes y eficaces en materia de seguridad pública y protección”.
Sus valores, según el sitio de internet de la misma, aseguran ser: la unidad, la honestidad, la transparencia, la sensibilidad, la equidad, la congruencia, la eficiencia, la lealtad, la legalidad, la ética, la fortaleza y la calidad humana.
“Es por eso que no resulta convincente, ni satisfactorio, los hechos que en los últimos meses se han presentado en las actividades de readaptación social en el Estado”, dijo el fresnillense.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos de la que surge el “Pacto de San José” estableció que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados, añadió.
Acusó que en los hechos, “Zacatecas muestra ante la sociedad otra realidad: una mujer abusada sexualmente y violentados sus derechos humanos, conflictos por el autogobierno al interior de los penales y la fuga de reos, parecieran ser temas que con normalidad trazan el sistema que existe en esta entidad”.
Durante el 2019, la Asociación de Correccionales de América (ACA) certificó al Centro Regional de Reinserción Femenil de Cieneguillas y los penales distritales de Jalpa y Río Grande, por sus condiciones favorables para la readaptación.
“Pese a los reconocimientos, la asignación de recursos y la mejora que en todas las vertientes se impulsa, una vez más se presenta la evasión de reos”.
“Hasta el momento lo único que la sociedad sabe sobre el preso que a inicios de año se fugó de la prisión en Tlaltenango y los 12 que salieron de Cieneguillas el 6 de mayo, son meras suposiciones”.
Indicó que hasta el momento sólo han generado desconfianza entre la sociedad que exige mano dura, no sólo contra quien cumple una condena por haber cometido algún ilícito, sino también contra aquellos funcionarios que sean omisos en sus responsabilidades.
“No basta simular con una Conferencia de Prensa, con preguntas filtradas a modo y respuestas establecidas conforme a un informe a manera de guion, para que los zacatecanos estemos convencidos de que así fueron los hechos y de que supuestamente no se volverán a presentar de esa manera”.
“Por eso, urge y necesario, como ya lo he expuesto en más de una ocasión desde esta la Máxima Tribuna de los zacatecanos, que haga presencia ante esta Soberanía el Secretario de Seguridad Pública de la entidad para que explique a detalle lo ocurrido”.
La sociedad zacatecana hoy más que nunca exige transparencia y rendición de cuentas, un Gobierno Abierto que de cara a la opinión pública permita a todos los ciudadanos saber la utilidad que en la materia se da a la tributación que por la vía fiscal permite su funcionamiento.
“Es necesario en el aquí y en el ahora, que se deje de usar la Emergencia Sanitaria causada por el COVID19 para tratar de diluir la responsabilidad de todos los funcionarios involucrados en las tareas de readaptación social en la entidad”, concluyó.
