Por Diego Martínez
La aspiración del gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat Hinojosa de formar parte del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador podría verse truncada por la falta de transparencia y rendición de cuentas durante su administración.
Con dos cuentas públicas sin aprobar y una tercera que enfrentaría el mismo destino, Murat Hinojosa terminaría su sexenio con una estela de corrupción que si bien se ha intentado “disfrazar” con un presupuesto superior a los 1,500 millones de pesos en comunicación y publicidad gubernamental, es imposible ocultar en su totalidad.
Y aunque no bastará el reprobar tres cuentas públicas, para inhabilitar o sancionar al aún mandatario, como no lo han hecho las reiteradas denuncias por la contratación de empresas factureras para desviar recursos públicos, o la asignación discrecional de obras y compra de productos o servicios a precios inflados. Ni los señalamientos por despojos y apropiaciones ilegales de propiedades en todo el territorio oaxaqueño, sobre todo en las zonas de mayor plusvalía, empleando para ello las oficinas del Registro Público, Catastro, Archivo de Notarías, el Registro Civil y varias más. Tampoco el asesinato de un Magistrado, o la detención y reclusión con trato especial, del supuesto abogado de la familia del gobernador; este historial de abusos, corrupción y saqueo desmedido, debería al menos “entorpecer” su camino a la soñada candidatura presidencial.
Pero para ello aún faltan unos meses, en lo que concluye su administración y entrega el gobierno a Morena, porque, pactado o no, será el partido del presidente Obrador, sin importar mucho el candidato o candidata, quien gane el próximo proceso electoral.
Y aunque durante dos años el Congreso con mayoría morenista, ha sido la comparsa y cómplice del robo descarado a los y las oaxaqueñas, pareciera que quieren cerrar su período como una Legislatura de “oposición”, al rechazar tres cuentas públicas y sancionar al gobernador por violar la veda electoral, aunque este último escenario es más espectáculo que realidad.
En este sentido, el expresidente del Congreso, César Morales Niño, ha señalado y denunciado en reiteradas ocasiones no solo la contratación de empresas fantasma para el desvío de recursos públicos, también la complicidad por parte del titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, Guillermo Megchún Velázquez, al encubrir los actos de corrupción al interior del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, hijo del exgobernador José Murat Casab, con quien Megchún -coincidentemente- fungió como Secretario de Finanzas.
Morales Niño ha sido claro al responsabilizar de manera directa a Guillermo Megchún de no cumplir con sus funciones a la hora de supervisar el gasto del erario público, solventando cientos de millones de pesos con “simples oficios”. Algo que ha calificado de preocupante “porque no se puede atender un tema de rendición de cuentas cuando no existe tal rendición de cuentas, ya que se carecen de los documentos legales que debe entregar cada dependencia para comprobar el gasto que ha hecho del presupuesto”.
Mencionó que en el programa anual de auditoría, se han auditado a puras dependencias con poco presupuesto y un tanto “intrascendentes”, dejando fuera a Caminos y Aeropistas de Oaxaca o a la Secretaría de las Infraestructuras, “que es en donde se da el mayor monto de gasto corriente y se han señalado como las dependencias que contratan obra pública de manera irregular.”
“Por situaciones como estas, es no se le ha aceptado ninguna de las tres cuentas públicas (2018-2019-2020)”, detalla el Diputado Morenista al explicar que en la Cuenta Pública del 2020 el panorama es “más complicado” porque no se entregaron en tiempo las auditoras.
“El contralor pidió una prórroga, pero no se autorizó por se ilegal, ya que quienes deben pedir las prórrogas son las dependencias en este caso Finanzas o los municipios. Y en este caso fue el propio auditor. A ello se suma la presentación fuera del tiempo que estipula la Ley, lo que es una falta a la Constitución y debiera ser suficiente para remover al auditor e iniciarle una investigación por incumplir a sus responsabilidades como servidor público”, espeta en entrevista el expresidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura local.
“Si se llegan a aprobar dejarían un mal precedente”, asegura al mencionar que la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca ha hecho los señalamientos pero no se ha solventado nada.
“En la cuenta pública se han cometido errores garrafales, y no tiene la mínima forma ni condición de que pueda pasar si quiera a dictamen, para ser rechazada”, aseguró al explicar que el auditor se excusó en la pandemia, sin embargo el decreto nacional especifica que las tareas de fiscalización y de legislación no pueden ser suspendidas.
“El Órgano Superior de Fiscalización del Estado debe observar a las dependencias y ayuntamientos en la forma en que se ejerce el gasto si es correcto o no, pero en Oaxaca tenemos un Órgano Superior al que los Diputados le han hecho observaciones. Ya que tampoco ha cumplido con sus obligaciones”, añadió al calificar esta situación como “inédita”.
“Estamos en una situación inédita, nunca se había dado un caso similar que haya tres Cuentas Públicas atoradas y sin posibilidades de ser aprobadas, lo que habla de la falta de transparencia del poder Ejecutivo en la aplicación del gasto público. No se sabe en qué se han gastado los presupuestos históricos que ha tenido Oaxaca.
Los informes de gobierno nunca dicen la realidad, son un listado de buenos propósitos y lucimiento”, agregó Morales Niño.
Aunque reconoció que no existe una sanción por desechar la Cuenta Pública -simplemente no es satisfactoria y se rechaza-, advirtió que deberían interceder los órganos fiscalizadores y las instancias de combate a la corrupción, además de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, ya que en su mayoría las observaciones son en el uso de recursos federales.
