“El ámbito académico y científico de nuestro país lleva ya tiempo viviendo bajo una atmósfera enrarecida e incierta, pero con este agravio hemos alcanzado un nivel inaceptable e impensable para quienes suscribimos estas líneas. Ya es hora de dejar a la comunidad académica y científica en paz y dejarla hacer su trabajo en libertad”, señalaron al menos 225 académicos del Colmex en rechazo a las acusaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y, la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de 31 investigadores.
La exigencia para que se desista de la denuncia, se suma al llamado del Tecnológico de Monterrey, quien emitió un pronunciamiento manifestando indignación y preocupación por “las desmedidas acusaciones y acciones legales”.
“La investigación en cualquier disciplina debe contar con un entorno favorable que promueva su florecimiento en beneficio del país, y en el que las autoridades respeten el Estado de Derecho y la presunción de inocencia”, sostuvo el Tecnológico.
Por su parte, la máxima casa de estudios, también se pronunció en contra del proceso que sigue la Fiscalía en contra de los miembros de la comunidad académica del país.
A través de un comunicado, el Consejo Técnico de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) calificó como “desmedida” la acción legar emprendida en su contra, y calificó de preocupante que la FGR desacredite la actividad científica.
“Lo anterior no puede más que generar un clima injustificado de desconfianza hacia el sector académico y sus instituciones, que son tan necesarios para el desarrollo y para la formación de las nuevas generaciones, con la preparación y espíritu crítico que requiere nuestro país”, señaló.
La UNAM sostuvo que las personas implicadas en la investigación de la Fiscalía se apegaron a la Ley de Ciencia y Tecnología vigente para colaborar con el Conacyt y con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
Aunado a ello, la UNAM subrayó que la comunidad científica y académica ha contribuido a la solución de problemas nacionales; gracias a la generación y aplicación de conocimiento original, formación personal y colaboración con diferentes sectores del Estado.
En este sentido, aseguró que las actividades son supervisada por comités de pares nacionales e internacionales; así como por instancias gubernamentales que vigilan el cumplimiento de los programas de trabajo, la transparencia en el uso de los recursos y la relevancia de la investigación. Por lo que si llegara a ocurrir un delito, se sancionaría conforme a la normatividad vigente.
El Consejo Técnico solicitó que las acciones de la FGR se efectúen con «apego a derecho» y manifestó su desacuerdo con las “expresiones infundadas» hacia la comunidad académica porque generan desconcierto y polarización en la sociedad mexicana.
Este viernes 24 de septiembre, los excoordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) se defendieron de las acusaciones del Conacyt y aseguraron que son “sorprendentes e infundadas”.
Afirmaron que el FCCyT no es una empresa privada como lo señaló la FGR, que todas sus cuentas han sido presentadas ante el Conacyt “en tiempo y forma” y que los resultados de sus programas tienen evaluaciones positivas.
A través de una carta dirigida a la opinión en general, firmada por José Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrenit Bielous, José Franco y Julia Tagüeña; mencionan que durante más de 18 años el Foro Consultivo el funcionó como una asociación civil autónoma con financiamiento de Conacyt y que los productos generados durante su existencia pueden ser consultados en la página: https://foroconsultivo.org.mx
Los investigadores aseguran que la actual administración del Conacyt, a cargo de María Elena Álvarez Buylla, buscó desconocer la autonomía legal de este ente jurídico pese la claridad que se le otorga en la Ley de Ciencia y Tecnología.
Además -señalan- a partir de junio de 2019 el Conacyt incumplió la obligación establecida en el artículo 38 de dicha Ley y se negó a otorgar el financiamiento requerido para su funcionamiento.
Por lo que, dijeron, la mesa Directiva del FCCyT decidió promover un amparo y un juez de Distrito en materia administrativa dictó sentencia definitiva del juicio de amparo 1440/2019, “encontrando a la actual directora del Conacyt en violación e incumplimiento a la orden judicial concedida en la suspensión resultante de dicho juicio”.
“Este fallo fue recurrido por las autoridades de Conacyt y el asunto fue atraído por la Suprema Corte por su importancia y trascendencia”, destacaron.
Sin embargo, durante el litigio instaurado por el Fondo, el Consejo Nacional modificó la situación jurídica del FCCyT a través de diversas reformas al estatuto en específico la del día 11 de diciembre de 2019, por lo que “a partir de ese momento el Foro sería un órgano interno de consulta de Conacyt, sin personalidad jurídica ni patrimonio propios; señalaron un nuevo Secretario Técnico y dieron inicio a una operación de la Mesa Directiva al interior de Conacyt”.
En consecuencia –añade– la SCJN consideró en la sentencia dictada bajo el expediente número 76/2021 en fecha 24 de agosto de este año, sobreseer el juicio de amparo promovido por el FCCyT A.C.
“En la sentencia resulta relevante lo sostenido por el máximo tribunal del país en torno a la legalidad del funcionamiento del FCCyT, A.C. … en la que se señaló que existía una relación de colaboración entre el Conacyt y el FCCyT, A.C. hasta la modificación del estatuto de Conacyt en 2019, por lo que la actuación de los coordinadores, secretarios técnicos y personal del FCCyT, A.C. fue legal y conforme a las disposiciones vigentes en su momento”, precisaron.
Además, la misiva indica que el Fondo Consultivo dejó de tener relación alguna con el Conacyt cuando dicha institución cambió su Estatuto Orgánico al final de 2019.
“Cada año el CONACyT emitió una Constancia de conclusión técnico y financiera favorable del uso de los recursos otorgados al FCCyT. Incluso, la actual administración, por medio de la directora adjunta de desarrollo científico, emitió constancia favorable del uso por parte de la asociación civil de los últimos recursos otorgados para 2018 y el primer semestre de 2019”, agrega el documento.
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