- Actualiza cuotas por pasaportes, acceso a museos y zonas arqueológicas, entre otros.
El Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, por lo que envió el documento al Ejecutivo Federal.
Con 66 votos a favor, 44 en contra y una abstención, el Pleno avaló en lo general las reformas que actualizan las cuotas por derechos en materia de pasaportes, licencia para portación de armas, uso de pirotecnia, acceso a museos y zonas arqueológicas, entre otros.
Posteriormente, en lo particular, la asamblea rechazó las propuestas para modificar los artículos 19-G, 20, 29, 30, 40, 73-A, 192, 195, 195 T, 198, 240, 271, 275, 288, así como las adiciones de los artículos 18-A, 239-Bis, 244-G, Transitorio Tercero y Cuarto, que plantearon PAN, PRI, PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
En tanto, las y los legisladores de Morena retiraron las reservas que registraron previamente para su discusión, por lo que dichos artículos fueron aprobados, con 66 votos a favor y 41 en contra, en los términos del dictamen.
La propuesta, que forma parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022, establece el cobro de derechos por la prestación de servicios públicos o por el uso, goce y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación.
En este sentido, actualiza el cobro por la emisión de pasaportes ordinarios y documentos de identidad y viaje. Dispone que para que aquellos que tengan validez hasta por un año tendrán un costo de 754.67 pesos; hasta por tres años, será de mil 471.46 pesos; por seis años, mil 998.77 pesos; con validez de 10 años, tres mil 506.11 pesos; y los pasaportes oficiales tendrá un costo de 689.80 pesos.
La expedición del documento migratorio, que acredita la condición de estancia de Visitante Trabajador Fronterizo, tendrá un costo de 476 pesos para que los extranjeros, en determinados supuestos, puedan permanecer y realizar actividades remuneradas en el territorio mexicano hasta por un año.
Además, se actualizó la cuota que se contempla para la emisión de la tarjeta de viaje Business Travel Card (ABTC), la cual permite a personas de negocios, empresarios y funcionarios del gobierno mexicano, ingresar a países miembros del Foro de Cooperación Económica Asía Pacífico, la cuál será de cuatro mil 476. 30 pesos.
Para la recepción, estudio de la solicitud y en su caso autorización de la visa de visitantes sin permiso, para realizar actividades remuneradas de larga duración, el costo será de 531.09 pesos.
El dictamen, también ajusta las cuotas por la prestación de los servicios para expedir los documentos de nacionalidad y naturalización; por lo que el costo por la solicitud, análisis y, en su caso, expedición del certificado de nacionalidad mexicana será de dos mil 26.65 pesos; y en el caso de la declaratoria de nacionalidad mexicana mil 303.95 pesos.
Por otro lado, establece que, entre otros derechos, la expedición o revalidación de la licencia para portar un arma de fuego particular individual será de cinco mil 212 pesos; particular colectiva 81 mil 006 pesos; y oficial colectiva, 26 mil 388.
El documento aprobado, en lo general, dispone que el permiso para coleccionistas o museo de armas de fuego, será de 12 mil 954 pesos; para la adquisición de nuevas armas para la colección de un museo será de mil 188 pesos y la revalidación anual para club o asociación de deportistas de tiro y cacería, 24 mil 150 pesos.
También establece que los permisos de compra-venta de artificios pirotécnicos tendrán un costo de tres mil 505 pesos; la expedición o revalidación para los servicios para la compra, almacenamiento y consumo, así como compra-consumo de materiales explosivos será de 25 mil 505.60 pesos.
La nueva propuesta de cobro de derechos por el acceso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la federación, tiene el propósito de garantizar mantenimiento, conservación, restauración, investigación y capacitación.
Para ello, se precisa que se tomará en consideración el número de visitantes que reciben y el grado de deterioro que esto pueda provocar a los recintos culturales, además de que establece que la población estudiantil únicamente pagaría 30 por ciento de las cuotas.
El dictamen plantea que, por la obtención de códigos de seguridad para las cajetillas, estuches, empaquetes, envolturas o cualquier otro objeto que contenga cigarros u otros tabacos labrados para su venta en México, se pagará una cuota de 0.1255 pesos por cada uno.
Para la obtención de marbetes físicos que se adhieran a los envases que contengan bebidas alcohólicas se pagará el derecho, por cada uno, de 0.5178 pesos; tratándose de folios electrónicos para la impresión de marbetes electrónicos 0.3474 pesos por cada uno; y por el trámite y en su caso registro y autorización para el uso de marcas y contraseñas oficiales, se pagarán derechos conforme a la cuota de mil 904.28 pesos.
Adicionalmente, el cobro por la autorización para el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, para uso secundario en la banda de 88 a 108 MHz, será de 11 mil 328.60 pesos; en las demás bandas de frecuencia será de 44 mil 546.61 pesos.
El dictamen dispone que 85 por ciento de los derechos sobre minería se destinará a las Secretarías de Educación Pública y la de Salud.
En el debate, el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que de la minuta prevalece sin ningún cambio o modificación, “ya que no se desprende la más mínima participación del Poder Legislativo”, cuando podría establecerse una reducción en el cobro de la titulación, para favorecer a miles de estudiantes que no pueden acceder a él por su costo.
Por el PVEM, el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán indicó que el alza en el costo de los servicios que presta el Estado se ajusta a la realidad económica del país, algo que no se ha hecho en años. Además, dijo que quienes podrían resentir los aumentos tienen mayor capacidad económica, como las personas que solicitan un pasaporte para salir del país.
El senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, dijo que lo que se requiere es un nuevo pacto hacendario de Estado, para que todas las fuerzas políticas tengan la capacidad de centrar la redistribución del ingreso y no sólo del gasto, pues los programas sociales no van a revertir la pobreza, ni a disminuir la desigualdad.
De Morena, el senador Ovidio Peralta Suárez consideró necesario que la Ley Federal de Derechos debe ser revisada de manera constante y minuciosa, para que se tomen en cuenta los cambios que las distintas dependencias necesitan para desarrollar sus procesos de operación y administración.
La senadora Nadia Navarro Acevedo, de Acción Nacional, expresó que es lamentable que se tenga que aprobar este dictamen, como si se tratara tan sólo de una “mesa de trámite”, ya que al documento no se le ha modificado nada, “no se piensa en el golpe a la economía de las mexicanas y los mexicanos”.
El senador de Morena, César Arnulfo Cravioto Romero, recriminó a los partidos de oposición ser subordinados de quienes siempre han tenido privilegios en este país y no quieren pagar impuestos; “la derecha -dijo- no apoya a las organizaciones de la sociedad civil, sino a quienes se benefician deduciendo ciento de millones de pesos”.
De este modo, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó sin cambios, en lo general y en lo particular, la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, y la remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
