Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para considerar como asunto de “interés público y/o de seguridad nacional”, las obras prioritarias del gobierno federal.
La suspensión parcial aplicaría para todos los proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Esta resolución se da después de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), interpusiera la controversia constitucional 217/2021 ante la Corte en contra del acuerdo que publicó el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre.
“Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, se lee en el documento emitido por la Suprema Corte.
“La medida suspensional concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente (…) Dada la naturaleza e importancia de esta medida cautelar, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este acuerdo”, apunta.
En sus argumentos, el INAI señaló que los proyectos prioritarios de infraestructura como de seguridad nacional podría ser usado como un supuesto para reservar información relacionada con las obras, “lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”. Por ello decidió interponer la controversia constitucional.
Según el presidente López Obrador, el acuerdo tenía por objetivo agilizar trámites burocráticos y que por éstos no se detuvieran las obras.
“(Para) que se les dé tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, justicia, honestidad, y que se le tienen que dar facilidades y se le debe tener confianza a las dependencias”, apuntó el mandatario en su conferencia matutina un día después de publicado el acuerdo.
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