Las comisiones de Seguridad Ciudadana, de Asuntos Frontera Norte y de Asuntos Frontera Sur de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), presentaron la Segunda Encuesta Mexicana sobre Posesión, Uso y Opinión sobre las Armas de Fuego.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), manifestó que los resultados van a versar en análisis y puntos de vista los cuales deben darse a conocer a la sociedad. “Es un compromiso que asumimos con toda responsabilidad y de manera institucional”.
Consideró importante la demanda iniciada por la Cancillería, porque las armas no solo abarcan el tema de delincuencia organizada, sino de venta irregular e indiscriminada de estos artefactos, sin control. La demanda, dijo, trasciende la salvaguarda nacional, la integridad y la seguridad interior y pública del país” y manifestó su apoyo para darle seguimiento puntual.
La diputada Valeria Santiago Barrientos (PVEM), secretaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, indicó que el objetivo es conocer el nivel de posesión de armas en los hogares en México.
El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI) se pronunció por fortalecer el marco legal para que estas actividades y acciones se desarrollen en beneficio de la sociedad.
Dijo que el derecho de la posesión de armas en Estados Unidos ha tenido implicaciones en México y contribuido a que en muchas regiones y ciudades signifique la pérdida de vidas, pues entre 60 y 70 por ciento de las armas decomisadas en México viene de ese país y su venta ilegal estuvo detrás de 17 mil muertes en 2019.
Refirió que el Gobierno busca una indemnización que está en debate y recientemente se supo de su incorporación al debate jurídico en aquella nación. “Buscamos la cordialidad con otros países, pero debe haber mecanismos que fortalezcan la relación e impidan que estás armas lleguen al país”. Pidió sensibilidad sobre las implicaciones que tiene el uso y manejo de las armas de fuego, las características del país vecino y las de México particularmente en el contexto que se vive.
La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, manifestó que es necesaria la sensibilización de la sociedad sobre el uso de armas de fuego y que este es un esfuerzo para fortalecer los mensajes, la participación y la comunicación sobre este tema.
Señaló que la SRE apela a una dimensión humana del tratamiento de este problema, centrada en las víctimas, en los obstáculos del uso de las armas para el desarrollo del país en paz “y trabajamos en el ámbito bilateral y multilateral para atacar este problema”. Añadió que la política exterior se fortalecerá con los resultados de la encuesta.
Destacó la importancia del tema por la agenda de la Cancillería en contra del tráfico ilícito que procede de otros países y de los fabricantes. Explicó que por las fronteras de México pasan ilegalmente 200 mil armas cada año y las que corresponden a uso exclusivo de las Fuerzas Armadas han incrementado el poder de organizaciones criminales.
Precisó que eso representa “enormes ganancias” para compañías productoras y distribuidoras y se han considerado como prácticas irresponsables o negligentes el no hacerse cargo en esta cadena de suministro de armas ilegales.
Víctor Hugo Pérez Rojas, director de Control y Seguimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, comentó que con el estudio de estas temáticas se logra una visión más clara y periférica de los conflictos y una mayor precisión en la construcción de políticas públicas y legislación basada en las evidencias.
Explicó que en coordinación con el CESOP se han publicado estudios sobre violencia de género, incidencia delictiva en zonas fronterizas del país, y se trabaja en temas sobre estándares para resguardo seguro de armas de fuego, a falta de un manual de procedimientos claros y sencillos para evitar pérdida de armamento oficial y sobre la compra consolidada de armas oficiales.
Al dar la bienvenida, la secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, dijo que el Servicio Civil de Carrera en los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados va por buen camino y ha permitido presentar esta encuesta elaborada en conjunto con la Secretaría de Protección Ciudadana.
Felicitó los trabajos del CESOP y reiteró que el Servicio Civil de Carrera es una realidad, llegó para quedarse y se está cuidando muy bien porque es absolutamente indispensable para que el trabajo de los legisladores y que sea más puntual y preciso.
Al hacer uso de la palabra, Felipe de Alba Murrieta, encargado de la dirección general del CESOP, refirió que el Centro se encuentra en una dinámica de colaboración interna con las comisiones legislativas, y externa, con otras instituciones como el Centro Nacional de Información, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Dijo que se presentan los resultados de esta encuesta para dar el más profundo sentido de rigor, de perspectiva profesional y atención a los asuntos estratégicos del país y de colaboración con las comisiones legislativas.
Panel de discusión sobre resultados de la encuesta
Hernán Salgado Silva, jefe de oficina del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que es prioritario construir una base de datos única, porque hay armas oficiales, hay de tráfico ilícito y hay las que se encuentran en posesión de un civil, “no hay cifras de la cantidad de armas; hay muchos cálculos, algunos muy precisos, emitidos por el gobierno, pero no tenemos esa certidumbre”.
Romain Le Cour, coordinador del Programa de Seguridad México Evalúa, comentó que el tema de armas de fuego en México, tanto el tráfico ilícito y su impacto en homicidios, muestra un panorama preocupante. Consideró que en el contexto de inseguridad en el país podría llevar a la ciudadanía a adquirir un arma. “Tenemos que reducir la violencia letal, la tarea es apoyar los esfuerzos para reducir el tráfico ilícito, medir la cantidad de armas en circulación y cambiar el panorama con el esfuerzo legislativo”.
Pablo Monroy, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, refirió que existen diálogos de parte del Estado mexicano con Estados Unidos para reducir el flujo de armas. También, se busca que las empresas que fabrican estos artefactos adopten medidas que impidan que caigan en manos equivocadas. “Tenemos que reducir la violencia a través de acciones jurídicas en torno a la adquisición de armas de fuego, su uso y regulación”.
Carlos Pérez Ricart, profesor-investigador del CIDE e integrante de la Comisión de la Verdad de México, celebró el esfuerzo de algunas instituciones del Estado mexicano por resolver el tema que, dijo, es imposible minimizar; no obstante, estimó que existen serios déficits en tareas de trasparencia en lo que respecta a la distribución de armas, además falta mucho por hacer en términos legales y de regulación en la materia.
A nombre de Felipe de Alba, director del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP), Enrique Esquivel, asesor general del CESOP, recalcó que la Cámara de Diputados está ávida de aportaciones y estudios que puedan fortalecer al Estado. Comentó que el tema del tráfico de armas es sensible; por ello, generar información que aporte insumos en el análisis de este fenómeno, es indispensable para el Legislativo.
