Oaxaca.- Ciudadanos de San Pedro Mixtepec denunciaron al Presidente Municipal, Javier Cruz Jiménez, de financiar y respaldar ilegalmente la elección del Comisariado de Bienes Comunales de dicho municipio, figura que carece de validez jurídica pero que representa millonarios ingresos para su grupo político.
Los inconformes, que este jueves 10 de marzo intentaron impedir el proceso pero fueron reprimidos por la policía municipal; explicaron que el Comisariado de Bienes Comunales no está reconocido por las autoridades agrarias debido a una controversia constitucional con los municipios vecinos Santa María Colotepec y San Gabriel Mixtepec, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que a través del engaño y la extorsión, desde hace años se cobren cifras que van desde los cinco mil hasta los tres millones de pesos por las constancias de posesión de las tierras.
Además, denunciaron que dichos recursos son empleados para fines personales y partidistas, señalando que hace dos períodos fue el propio Javier Cruz quien ocupó la presidencia de Bienes Comunales.
Durante su paso por dicho cargo, Cruz Jiménez fue señalado por enriquecimiento inexplicable y supuestos actos de corrupción al desviar dinero de la comunidad para financiar campañas políticas del partido del Trabajo y de Morena en la región, mismo mecanismo que habría empleado para costar la que lo llevó a la Presidencia.
Así como por la venta de constancias de posesión que no están reconocidas por las autoridades agrarias, pero que sí cobró con tarifas base del 10% del precio de la propiedad.
Irregularidades que -aseguran- continuaron con su sucesor Pedro Antonio Patiño, y que ahora buscan perpetuar en colusión con las autoridades electas de manera ilegal, Mayolo García Cerón, Saúl Cerón Patiño y Gerardo Ruiz Cerón.
Por ello hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales, para que tomen cartas en el asunto y detengan la oleada de corrupción e irregularidades que llegaron con esta nueva administración morenista, a la cual responsabilizan por el uso de la fuerza pública para reprimir su manifestación y proteger los intereses de su grupo y no los de la población que los eligió.
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