A pesar de los esfuerzos estatales, la falta de una cultura de rendición de cuentas ha puesto en jaque todo atisbo contra la corrupción.

Mtro. Juan Carlos Chávez Martínez

Una vieja práctica que aún subsiste y que se ha vuelto un estilo de vida es enriquecerse a costa del erario público, con el dinero del pueblo; servidores públicos que se han visto corrompidos y han sucumbido ante los lujos y el derroche, una red de corrupción construida desde el abuso del poder y el uso de instituciones públicas para beneficiar intereses personales y privados.

Desde hace algunos años, se ha emprendido una supuesta lucha contra la corrupción y la falta de rendición de cuentas que ha terminado por subyugar a quienes se decían paladines de la democracia y la transparencia, nublando sus juicios a tal grado de no darse cuenta que ellos se han convertido en lo que tanto criticaban. Ensombreciendo ese haz de luz que aún podía sobrevivir en ellos.

Al igual que todo programa gubernamental, detectar, investigar, sancionar y erradicar la corrupción forzosamente debe cumplir con los protocolos presupuestarios y una rigurosa transparencia que vienen acompañada de la entrega de resultados para retroalimentar el proceso de política pública. 

A pesar de los esfuerzos estatales, la falta de una cultura de rendición de cuentas ha puesto en jaque todo atisbo contra la corrupción. La falta de ética en los servidores públicos y su propensión a la corruptibilidad han hecho difícil el camino para poder encontrar en los programas presupuestarios un Anexo Transversal que nos facilite identificar, transparentar y monitorear los recursos públicos asignados a combatir los hechos de corrupción. Pensar en un mecanismo de este tipo nos permite saber quién y en qué se están gastando los recursos públicos. Hasta el momento, los pobres intentos de rendición de cuentas se circunscriben en hacer desgloses funcionales y de flujo de efectivo, que dicho sea de paso no sirven de mucho.

En Oaxaca nunca ha sido virtud de los servidores públicos poner al alcance de los ciudadanos la información del ejercicio presupuestario, es por eso que los únicos recursos que pueden ser rastreados son los asignados a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; ahora sabemos que durante el 2021 dicha oficina ejerció la cantidad de $17 millones 323 mil pesos y durante 2022 la misma cantidad. Las preguntas que quedan en el aire son: ¿Por qué no han rendido cuentas durante los últimos cinco años? ¿Por qué el Comité Coordinador, la Junta de Gobierno y el extinto Comité de Participación Ciudadana nunca los llamaron a rendir cuentas? ¿Por qué la 64 y 65 Legislatura nunca dijeron nada? ¿Por qué el órgano superior de fiscalización nunca fiscalizo estos recursos? ¿Qué resultados palpables tenemos del combate a la corrupción? y ¿Por qué la ciudadanía no ha dicho nada?

En Oaxaca existe la posibilidad, ante la transición de gobierno, de que los presupuestos públicos de combate a la corrupción y, en general, todos los presupuestos públicos cuenten con anexos transversales para saber a ciencia cierta quién y en qué se gastan los recursos del pueblo, de tal manera que podamos evaluar si las acciones de gobierno han tenido los resultados esperados o es necesario replantear las soluciones a los problemas públicos.

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