- A más de año y medio de la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu en Nochixtlán , los familiares denuncian dilaciones, filtración de documentos y violaciones al debido proceso por parte de la Fiscalía oaxaqueña y autoridades encargadas de la justicia
Karen Rojas Kauffmann/
El martes 18 de octubre inició la audiencia de debate por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu ocurrida en Asunción Nochixtlán en marzo de 2021, la hermana de la víctima Elizabeth Uruchurtu Cruz sostuvo que esperan que el Poder Judicial sea capaz de garantizar el debido proceso y las autoridades entiendan la oportunidad histórica de condenar a los perpetradores.
En medio de un proceso penal plagado de irregularidades y aplazamientos que han vulnerado los derechos de su familia como víctimas indirectas, afirmó Claudia Uruchurtu que a partir del martes y hasta dentro de 20 días aproximadamente un Tribunal Unitario verificará que el ministerio público y la defensa presenten sus alegatos y desahoguen sus pruebas.
“Desde el inicio, el proceso se ha venido aplazando por uno o por otro recurso que los presuntos responsables han interpuesto reiteradamente. Creemos que en la resolución del caso de Claudia los encargados de impartir justicia tienen la posibilidad de devolvernos el acceso a la verdad y a la justicia que nos arrancaron con el crimen de mi hermana”, dijo la hermana de la activista desaparecida.
Uruchurtu Cruz aseguró que la actuación del Poder Judicial del Estado en el caso de su hermana ha sido poco transparente porque el proceso se ha visto obstaculizado por diferimientos casi sistemáticos, y con graves diferencias surgidas entre las distintas autoridades involucradas. Diferencias que deben resolverse “para evitar que la impunidad se perpetúe en un caso tan paradigmático como el de Claudia”.
Además de las dilaciones, denunció, “la infiltración de documentación y la venta de información por parte de elementos de la policía en la Fiscalía del Estado ha sido evidente. Si el sistema de justicia en México fuera otro, si el sistema de justicia realmente funcionara, no tendríamos más de 100 mil personas desaparecidas. Hay muy poca voluntad de justicia”, insistió.
A más de una año y medio de la desaparición de Claudia Uruchurtu, el caso no ha podido resolverse aunque la familia de la activista ha contado con acciones de búsqueda por parte de la Fiscalía General de Estado de Oaxaca (FGEO) y la Comisión Nacional de Búsqueda, sin embargo, explicó Uruchurtu Cruz, “no ha habido un trabajo coordinado entre estas dos instancias”, además, aseguró, la Comisión Nacional y su homóloga estatal aún no logran acompasar el marco jurídico para implementar los planes de búsqueda.
“Las instituciones de búsqueda deben estar coordinadas con las autoridades de investigación, con la policía, con los ministerios públicos en las fiscalías, pero en Oaxaca lamentablemente, los recursos materiales, legales y humanos son mínimos y la corrupción impera desde hace mucho tiempo. Es muy desgastante tener que estar lidiando con las diferentes partes. No existe coordinación entre ellas”.
Las acciones de búsqueda dentro de Nochixtlán, el municipio donde se vio a Uruchurtu por última vez, han sido muy complicadas “porque la gente tiene miedo, algunos testigos están siendo amedrentados y nosotras, por seguridad, no hemos podido regresar al municipio. Los imputados, además están siendo sumamente protegidos, a pesar de ser servidores públicos señalados por crímenes de lesa humanidad”, explica Elizabeth.
En enero de 2022, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz solicitaron la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para que el Estado mexicano realizara la aplicación de la justicia independientemente de los escenarios políticos que atravesaba el Estado. Su preocupación se centraba en la injerencia que pudieran tener actores políticos de Morena, vinculados a las personas que han sido señaladas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de ser quienes planearon y ejecutaron la desaparición. Sin embargo, lamentó Elizabeth, “existe injerencia de diversos actores que motivan la pérdida de la imparcialidad, y el Poder Judicial no ha podido o no ha querido garantizar un proceso apegado a derecho”.
La audiencia de debate deberá realizarse hoy, dentro la causa penal que se instruye en contra de quienes la Fiscalía General del Estado formuló imputación por su participación en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu ocurrida en marzo de 2021 en Asunción Nochixtlán. Los imputados son la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, su asesor jurídico y otros funcionarios municipales.
La desaparición de Claudia es paradigmático porque se trata de la más reciente desaparición forzada por motivos políticos en Oaxaca. Antes de ser desaparecida en Nochixtlán, en la región mixteca del estado, Claudia Uruchurtu documentó y denunció la corrupción en el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa. La activista había denunciado en varias ocasiones a la expresidenta por meter a su familia en la nómina del Ayuntamiento, presumir de joyas, relojes y ropa de lujo, y comprar coches último modelo mientras la población carecía de los servicios más básicos, como drenaje y calles pavimentadas. Con la pandemia, las acusaciones se centraron en que la presidenta municipal había utilizado recursos destinados a combatir la Covid-19 para financiar su reelección en las votaciones del 6 de junio.
La noche del 26 de marzo de 2021, Claudia participaba en una manifestación en la plaza central, al terminar, hombres desconocidos la forzaron a subir a una camioneta. Desde entonces la activista, que había documentado el desvío y malversación de fondos del gobierno municipal durante la administración de Victoria Huerta, quien en 2021 hacía campaña para reelegirse en el cargo, está desaparecida.
Artículo publicado en la Revista POLIGRAFO – Política Gráfica Objetiva- Descárgala gratis o puedes leerla en línea aquí.
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