Un policía guatemalteco revisa las identificaciones de migrantes hondureños detenidos antes de que sean enviados en autobús a El Florido, un puesto fronterizo entre Guatemala y Honduras, el miércoles 20 de enero de 2021, cerca de Zacapa, Guatemala. (AP Foto/Oliver de Ros)
En el Senado de la República se presentó el “Informe de la visita in situ a centros migratorios y refugios para personas migrantes en Tapachula, Chiapas”, ejercicio realizado con el objetivo de constatar la situación de los albergues y centros para personas migrantes en zonas fronterizas.
Este esfuerzo es impulsado por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, el Grupo de Acción para la No Detención de Personas Refugiadas y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.
Del 21 al 23 de junio, integrantes de la sociedad civil visitaron la estación migratoria Siglo XXI y estancias provisionales dependientes del Instituto Nacional de Migración (INM); albergues municipales y estatales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF); el albergue de sociedad civil Hospitalidad y Solidaridad; además de instalaciones operadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Además, mantuvieron conversaciones con autoridades estatales y del Ayuntamiento de Tapachula, y reuniones con población migrante y sujeta de protección internacional, organizaciones y redes de la sociedad civil locales, representantes de agencias de Naciones Unidas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
Al respecto, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, aseveró que la crisis humanitaria tendrá mayores proporciones ante los acuerdos entre México y Estados Unidos, así como la disminución presupuestal en la materia.
Por ello, sugirió articular un grupo de trabajo para sistematizar las propuestas que surjan de este ejercicio y construir una iniciativa que pueda ayudar a las personas migrantes. En ese sentido, se ofreció para ayudar a las asociaciones civiles a que se reúnan con más legisladoras y legisladores, así como con el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier.
Durante la presentación, integrantes de asociaciones civiles destacaron la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en contexto de movilidad, así como el impacto que tiene la militarización y presencia de la Guardia Nacional.
Señalaron la ausencia de las instituciones responsables de la garantía de derechos en los espacios de control y verificación migratoria, y la poca disponibilidad de información, así como los obstáculos para acceder a procesos de regularización migratoria y de reconocimiento de la condición de refugiadas.
Asimismo, evidenciaron las dificultades a las que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil para realizar su labor de acompañamiento y monitoreo en estaciones migratorias y estancias provisionales.
Durante los recorridos, advirtieron, fue posible documentar el riesgo que viven niñas, niños y adolescentes, mujeres y otras poblaciones con necesidades específicas y en condiciones de especial vulnerabilidad, debido a la falta de mecanismos para la detección y canalización oportuna a instituciones correspondientes.
