La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que el “Plan B” de la reforma electoral no podrá aplicarse en los comicios del Estado de México y Coahuila, ya que contraviene el articulo 105 de la Constitución.
Ello, debido a que la reforma de Ley General Comunicación Social se publicó en diciembre pasado, con lo que se incumple los 90 días previos a un proceso electoral.
“Si bien es derecho vigente, no se puede emplear para los casos presentados en el marco de la elección de Coahuila, puesto que la reforma incumple la regla de los 90 días para ser aplicada en un proceso electoral, contenida en el articulo 105 constitucional”, explicó el magistrado Luis Espíndola Morales.
De manera especifica, el tribunal determinó “inaplicable” la primera parte del proyecto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual modificó el concepto de propaganda gubernamental para permitir la intervención de servidores públicos en los procesos electorales. Una de las medidas más cuestionadas por la oposición, ante el posible uso de recursos públicos para favorecer a los candidatos oficialistas.
Esta decisión se da en el marco de la queja presentada por el partido de la Revolución Democrpatica y el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Alvarez Máynez, luego del acto masivo que Morena llevó a cabo en Coahuila, en donde estuvieron presentes los aspirantes a la gubernatura por esa entidad y los precandidatos no oficiales de Morena, para el 2024.
Espíndola aclaró que tampoco se podrá aplicar la reforma en el proceso federal del 2024, dado que la Sala Superior del TEPJF ya se pronunció al respecto, cuando declaró inaplicable el decreto de interpretación auténtica del concepto de “propaganda gubernamental”, dentro del procedimiento de revocación de mandato.
Ese decreto permitía a los funcionarios públicos a hacer propaganda gubernamental sin ser sancionados por la autoridad electoral.
El punto de análisis y la reforma se dio luego de que en marzo de 2022, los legisladores de Morena, PT y el Verde regularon la propaganda gubernamental, a través de un decreto “interpretación” en el que consideraron que las “expresiones” de servidores públicos no son propaganda y, por tanto, no les aplicaba la veda electoral de campaña del proceso de revocación que en ese momento se realizaba.
Posteriormente, el decreto fue señalado como contrario a la Constitución. Pero los conceptos del decreto fueron retomados por Morena y aliados y aprobados en el Plan B de la reforma electoral que fue aprobada en diciembre pasado.
Al respecto, el magistrado Luis Espíndola Morales elaboró un proyecto en el cual se considera nuevamente inaplicable la norma.
