Este martes 21 de febrero, el exdirector del Registro Civil de Oaxaca, Christian Hernandez Fuentes y el exjefe de la Unidad jurídica, Juan Rodríguez, deberían haberse presentado ante un Juez Federal para su audiencia de vinculación a proceso por los delitos de uso de documentos falsos y falsedad de declaraciones.
Así como por desacato al negarse a reconocer hasta en tres ocasiones, la identidad de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez, víctimas del llamado “Cártel del Despojo”, una red de corrupción integrada por funcionarios, notarios y empresarios oaxaqueños que se ampararon bajo la impunidad que les ofreció la administración del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa, para despojar cientos de millones de pesos en bienes inmuebles, así como terrenos en zonas comunales.
La audiencia de los exfuncionarios muratistas, los primeros de una larga lista que deberían presentarse ante las autoridades, estaba programada para las 3:30 de la tarde, pero ambos exservidores públicos justificaron su ausencia, en el caso del exdirector Christian Hernandez, su representación argumentó que el imputado padece de gastroenteritis, mientras que su excolaborador, solicitó un diferimiento porque el expediente tiene dos tomos “muy grandes” y necesita tiempo para estudiarlos.
No obstante, la lucha de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez evidenció la operación de despojos a gran escala que se realizaba en la administración muratista, provocando la intervención del Gobierno Federal, sobre todo tras el asesinato del Magistrado Enrique Pacheco Martínez, el cual habría estado vinculado con la red de despojos.
De acuerdo al exfiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert, desde hace meses se liberarían ordenes de aprehensión en contra de los posibles vinculados con el Cártel del Despojo, no obstante, hasta la fecha y tras su salida, no existen avances en las investigaciones.
Este nivel de impunidad implica un riesgo para la integridad de las víctimas, como en el caso de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez, quienes han tenido que abandonar sus lugares de residencia por seguridad, sin embargo, han advertido que su vida aún corre peligro señalando al Notario 135, Jorge Merlo Gómez, como el responsable de cualquier atentado que pudieran sufrir ellos o sus familias. De igual forma responsabilizan al gobierno del estado de Oaxaca, que ahora encabeza el morenista Salomón Jara Cruz, por las omisiones en las que incurre.
Merlo Gómez fungió como titular del Registro Público de la Propiedad durante el gobierno de José Murat Casab, padre del exgobernador Alejandro Murat, y a quien se le atribuye la fundación del llamado Cártel del Despojo, por medio del cual se habría hecho de una cuantiosa fortuna y una innumerable cantidad de propiedades, muchas de las cuales “regularizó” durante el mandato de su hijo.
Ante esta situación y lo que implica que los probables responsables continúen en libertad, las víctimas hacen un llamado a las autoridades judiciales, para que hagan valer el derecho a la justicia y el respeto a la Ley, sobre todo por parte de aquellos a quien el Estado les confiere altas responsabilidades, y en lugar de cumplir con sus obligaciones abusan de su poder y violan los derechos más fundamentales de los ciudadanos.
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