• Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD externan comentarios sobre la Cuenta Pública 2021

En el marco del análisis del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 y la Tercera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presidida por el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), se reunió con Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigaciones de la ASF. 

Angulo Briceño expresó que la reunión abona al diálogo institucional y constructivo entre legisladoras, legisladores y funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de mejorar la fiscalización y buscar resultados en favor de la sociedad mexicana.

Mencionó ​que las funciones del auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigaciones son de especial relevancia, ya que se encarga de coordinar el seguimiento de las recomendaciones, acciones ante las entidades fiscalizadas, así como la solventación y conclusión de las mismas; conoce las investigaciones respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas.

La eficacia en el ejercicio de los recursos públicos federales, dijo, puede ser medida conforme a los resultados que hoy se exponen e hizo votos para que el intercambio coadyuve al combate frontal de la corrupción, “ya que a eso estamos llamados todos pero, principalmente, las y los que desempeñamos funciones de fiscalización”.

Participación de diputadas y diputados

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) cuestionó cómo fue posible que después de tanto tiempo de estar en trámite diversas acciones en seguimiento, en menos de tres meses se depuraron todas, previo a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e inquirió sobre el compromiso a corto plazo para solventar las acciones de 2017 a 2021. 

A su vez, el diputado Juan Guadalupe Torres Navarro (Morena) precisó que existen datos preocupantes pues del total de las recuperaciones posibles la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia señala que las Cuentas Públicas de 2012 y 2013 suman 19 mil millones de pesos, y en las Cuentas Públicas de 2014 a 2020, un total de 309 mil 475 millones de pesos. “Esa es la meta que se debe atender y que no ha tenido resultados”. 

La diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (PAN) externó el compromiso de su grupo parlamentario en la lucha contra la corrupción y, en ese sentido, la labor de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigaciones es trascendental. Consideró necesario saber los resultados derivados de las modificaciones al reglamento de la ASF y para presentar mayores denuncias de hechos que eviten el rezago y disminuyan el riesgo de prescripción.

 También del PAN, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño señaló que un diagnóstico de la Unidad de Evaluación y Control propuso estrategias y mecanismos para atender las acciones pendientes de seguimiento, y de acuerdo a datos del Sistema de Información Público de la ASF, la Auditoría Especial de Seguimiento, tiene pendiente 343 solicitudes de aclaración de 2016 a 2019. ¿Cómo es posible que se mantenga ese estatus cuando la ley establece un plazo?

El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI) relató que la Auditoría Especial de Seguimiento busca determinar lo que se ha logrado solventar y lo que no; por ello, afirmó, es necesario conocer el avance de su inventario pues cuando empezó operaciones tenía 12 mil acciones.

Hiram Hernández Zetina, diputado del PRI, argumentó que es relevante para las y los mexicanos estas mesas de trabajo para aclarar los procesos que realiza la ASF. Añadió que ha causado polémica el tema de las acciones que han derivado de las observaciones a Segalmex, por lo que pidió se informe si se han presentado denuncias en contra de Segalmex y de cuánto es el monto.

Vía plataforma digital, el diputado Gilberto Hernández Villafuerte (PVEM) resaltó que el Sistema Público de Consulta de Auditoría es una herramienta útil para la explotación de datos del quehacer de fiscalización superior, pero no muestra datos y cifras conforme a los expedientes de la fiscalización. Preguntó si no se incumple alguna obligación al no mostrar cifras confiables y congruentes con los expedientes. 

A través de zoom, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo (PVEM) manifestó que la Auditoría Especial de Seguimiento se creó en 2018 para atender las acciones de las Cuentas Públicas desde 2014 en adelante, y según datos hoy se mantienen en seguimiento 4 mil 635 acciones de las Cuentas Públicas de 2017 a 2020. ¿Qué se requiere para darle celeridad al proceso de seguimiento y cuál es el mayor logro de esa Auditoría Especial?  

Desde plataforma digital, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez (PT) indicó que Nayarit en la partida U080 y en la nómina de FONE, es el estado con mayores montos a aclarar; de ahí que se requiere saber qué se ha hecho en los años anteriores sobre esas aclaraciones y qué seguimiento se dará a esos recursos públicos que son cientos de millones de pesos que faltan por aclarar de entes públicos de esa entidad.

Por MC, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo mencionó que existen 549 pliegos de observación por un monto de 49 mil millones de pesos y 210 solicitudes de aclaración por un monto de 95 mil millones de presos, todas ellas derivadas de participaciones federales que transitaron hacia el área de seguimiento, por lo que planteó conocer las acciones que realiza para darles celeridad y solventación, así como las recomendaciones que han emitido a los estados y entes.

Marcelino Castañeda Navarrete, diputado del PRD, mencionó que es la segunda Cuenta Pública que opera al cien por ciento con la nueva estructura de la ASF, y vemos que se han recuperado montos casi iguales a los de 2020, por lo que ha mejorado la gestión. Es vital, dijo, saber si la concentración de funciones significó una solución o un problema para la Auditoría, y si hay una numeralia de las posibles afectaciones e irregularidades detectadas por las auditorías especiales y reportadas a la de seguimiento.

Actualmente existen 4 mil 600 acciones de seguimiento

El auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigaciones de la ASF, Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, afirmó que con esta área se ha potenciado el desarrollo y la atención de acciones y resultados de la Auditoría. Al iniciar había 12 mil, concluidas 29 y actualmente existen 4 mil 600 acciones de seguimiento, aproximadamente. “Sí hay resultados, pero no estamos conformes; requerimos fortalecer el área para ser más eficientes en todo este proceso”. 

Afirmó que muchas de las observaciones, son por falta de entrega de información de los entes auditados, lo que conlleva a que el área de fiscalización al no recibir esos datos determina una solicitud de información o una falta de documentación, pero no significa un daño patrimonial.

Respecto al Sistema Público de Consulta de Auditorías, afirmó que no está obligado en ninguna disposición normativa; es un esquema de transparencia que utiliza la Auditoría Superior de la Federación para dar a conocer sus principales resultados. “Si bien ha tenido deficiencias en su operación, se ha estado perfeccionando; los datos son válidos y su uso depende de quien lo obtenga”.

Ibáñez Aguirre puntualizó que en la facultad para atender dictámenes de denuncias de hechos, se ha avanzado; se han presentado 51 denuncias (19 son de las Cuentas 2013-2018 y 32 de las Cuentas 2019 en adelante), por un total de ocho mil 425 millones de pesos.

 “Estamos con el nuevo reglamento ocupados por construir las estructuras que fueron encomendadas y dar respuestas más ágiles a ese proceso; se necesita una estructura oportuna que dé respuesta, mejorar los insumos de la autoridad investigadora, lograr pesos y contrapesos en las áreas de seguimiento y solventación, así como experiencia por ramos”, añadió.

Sobre el caso de Segalmex, mencionó que es un tema importante; se han presentado 11 denuncias por un importe total de dos mil millones de pesos. “En casos como este, se ha usado la facultad otorgada a la ASF, hace un año, para integrar expedientes de dictamen para denuncias de hechos”.

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