Redacción Polígrafo MX
La lucha contra la corrupción que prometió el hoy gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, pareciera tener sus primeros avances en el desmantelamiento del llamado Cártel del Despojo, una red criminal conformada por servidores públicos, notarios, políticos, empresarios, dirigentes sindicales y hasta exgobernadores, dedicada al despojo de propiedades en todo el estado.
Dicha alianza de corrupción y tráfico de influencias, registró su auge en los dos sexenios muratistas, el primero de 1998 al 2004 con José Murat Casab al frente y, el segundo bajo el mandato de su hijo, Alejandro Murat Hinojosa, quien gobernó Oaxaca del 2016 al 2022, siendo durante su período cuando las denuncias por despojo, en contra de sus empleado y operadores, alcanzaron la esfera nacional e internacional, involucrando hasta a la esposa del presidente López Obrador en el escándalo.
De acuerdo a información oficial, durante el último trienio de Murat Hinojosa, se presentaron más de dos mil denuncias en contra de servidores públicos y particulares, por su relación con despojos inmobiliarios, falsificación de documentos, desaparición de identidades y hasta homicidios.
Uno de los casos con mayor impacto ha sido el de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez, cuya identidad fue literalmente desaparecida del Registro Civil de Oaxaca, en donde sus registros de nacimiento y hasta sus nombres, fueron modificados para despojarlos de inmuebles de los que son copropietarios. No conforme con ello, al buscar defender sus derechos, fueron revictimizados y violentados por el propio Estado, quien los acusó de usurpar sus identidades y despojar sus propios inmuebles.
Hasta el momento han sido detenido tres personajes destacados: Jorge Merlo Gómez, notario público 135 y supuesto autor intelectual del despojo en contra de los hermanos Gómez Conzatti, quien se encuentra detenido en Italia en espera de su extradición; como parte de este acto criminal, también fue puesto a disposición del ministerio público, el exfuncionario del Registro Civil, Ulises Gómez Blas, por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilícito del servicio público y violación de otras garantías en contra de los tres congéneres.
El tercer imputado es Jorge Zárate Medina, exdirector del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, señalado como uno de los servidores públicos que participó en el Cártel del despojo, por lo que es acusado de ejercicio ilícito de la función pública en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Oaxaca.
Tanto Merlo Gómez como Zárate Medina son exfuncionarios muy cercanos a la familia Murat, el primero fue director del Registro Público de la Propiedad durante el sexenio de Murat Casab, gestión en la que el padre de Zárate Medina -quien también es investigado- ocupó la Dirección del Registro Civil, mientras que en la administración de Murat Hinojosa, el hijo estuvo a cargo de Catastro. Tres dependencias estratégicas en las operaciones del Cártel del Despojo.
Aún falta procesar a otros exfuncionarios como el director del Registro Civil, el del Instituto de la Función Registral antes Registro Público de la Propiedad; al Consejero Jurídico de Alejandro Murat; Octavio Tinajero, así como otros personajes de la vida pública de Oaxaca, quienes amparados en la impunidad que se ofrecía desde el gobierno, robaron el patrimonio de cientos de ciudadanos y del propio estado, incluidos los exgobernadores, quienes han sido señalados en este y otros casos, como los verdaderos responsables y beneficiados.
Los resultados obtenidos por la administración jarista han sido aplaudidos por algunos y criticados por otros, sobre todo por quienes temen que sus intereses se vean afectados, por lo que han iniciado diversas campañas mediáticas en contra del gobierno de Salomón Jara, y activado organizaciones sociales para crear un ambiente de ingobernabilidad. Llegando al grado de fomentar hechos delictivos y de violencia, como lo ha denunciado el propio mandatario.
En cualquier caso, y sin descartar que los hoy indiciados puedan quedar en libertad al igual que el resto de posibles cómplices; se debe reconocer que por primera vez, se intenta combatir de frente a la mafia política que se cree dueña de Oaxaca. Y aunque sin duda hay mucho por hacer para erradicar la corrupción, tanto del pasado como del presente y el futuro, los Murat y sus socios, podrían ser el ejemplo que se requiere para demostrar que sí se puede restaurar el Estado de Derecho y terminar con décadas de saqueo e impunidad. Escenario que podría volverse realidad, si desaparece la protección por parte del gobierno federal hacia José y Alejandro Murat, quien hoy busca ser candidato presidencial por la alianza PRI-PAN-PRD.
Para lograrlo se requiere voluntad política y coordinación institucional entre los tres poderes. El Ejecutivo al facilitar todas las pruebas y colaborar en las investigaciones que deben realizar las Fiscalías, mientras que el Poder Judicial debe cumplir con su función de hacer valer las leyes. Por su parte, el Legislativo debe llevar estas denuncias a las máximas tribunal del país, tal y como lo hizo la diputada oaxaqueña, Margarita García al dar acompañamiento al caso de los hermanos Conzatti, denunciando lo que ahora se conoce como el “Cártel del Despojo”, fenómeno que se replica en varios estados del país.
En entrevista, la legisladora del Partido del Trabajo recordó que desde el 2021, cuando nadie se atrevía a denunciar estos hechos, se acercó uno de los hermanos Gómez Conzatti, quienes dijo, temían por su vida. Tras solicitar su apoyo, García presentó un exhorto desde el Congreso Federal, provocando una reacción en cadena y evidenciando a nivel nacional, la corrupción que imperaba en el gobierno de Alejandro Murat.
Por ello, celebró que se esté dando seguimiento y sobre todo, combatiendo de frente a estos actos de corrupción. Destacando la detención del Notario 135, quien dijo, fue Director del Registro Público en el 2004, durante el gobierno de José Murat, y en el 2020 fue nombrado como fedatario sin contar con la experiencia, como se han nombrado a muchos otros, por prebendas y favores, acusó.
La Legisladora también refirió el engaño a la esposa del presidente Obrador, Beatriz Gutiérrez, quien fue invitada a la presentación de un terreno que el gobierno de Alejandro Murat donaría para la construcción el Archivo General Agrario, no obstante, el bien se encuentra en litigio por despojo, por lo que nada de lo que prometió el exmandatario era posible, algo de lo que él era consciente, ya que los involucrados son sus excolaboradores.
Respecto a los avances en el caso Conzatti, celebró que haya una mayor atención por parte de las autoridades y reconoció la valentía de los hermanos, condenando las agresiones que sufrieron por defender sus derechos, recordando que ella fue víctima de ataques, encarcelamiento injusto y amenazas por parte de José Murat. Sin embargo, se dijo confiada que pronto puedan tener seguridad en sus bienes y personas.
“El gobierno de Oaxaca está poniendo todo de su parte”, afirmó al referir que el gobernador Salomón Jara Cruz ha declarado reiteradamente que la corrupción tiene que acabarse.
“Para que los ciudadanos crean en las instituciones se debe aplicar la Ley, terminar con la impunidad y los privilegios”, espetó al señalar que se debe continuar hasta atrapar a los verdaderos responsables y se aplique todo el peso de la Ley a todos los involucrados.
“Los compadrazgos se tienen que acabar, la gente ya no tolera seguir viviendo en estas condiciones”, añadió al reconocer que el actuar del gobierno es un mensaje tanto para los Murat, como para todos los funcionarios que se han dedicado a despojar pero que también han saqueado al Estado. “La ciudadanía tiene que sentirse respaldada y ver que la justicia se aplicará, sea quien sea”, añadió.
“La ciudadanía tiene que confiar”, agregó Margarita García al asegurar que como legisladora, “como la voz del pueblo”, seguirá insistiendo para que esto termine tanto en Oaxaca como en todo el país, ya que existen denuncias en varios estados, advirtió.
“Que bueno que la justicia se está aplicando sin favorecer a nadie, y tienen que seguir cayendo todos los demás”, expresó al reiterar que la gente “tiene una diputada que levanta la voz y que siempre estará defiendo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”. Por lo que puso a disposición el número 951.117.10.80 para quien desee ponerse en contacto con ella.
“No hay Cártel del Despojo sin jueces”
Pese a los avances y la marcada diferencia entre el gobierno de Alejandro Murat y el de Salomón Jara; aún existen diversos retos a vencer para lograr justicia, señala en entrevista Caleb Gómez Conzatti, uno de los tres hermanos cuya identidad fue borrada de los registros para despojarlos de sus bienes.
“El Cártel del Despojo es solo una pequeña muestra de los muchísimos desórdenes sociales que existen en Oaxaca. Hay información pública de sobra que documenta que este mecanismo de despojo lleva más de 20 años, en ese tiempo se han conocido decenas de actos de corrupción denunciados, pero no conocemos de una sola investigación que haya llegado a feliz término y menos de que a alguien se le haya fincado responsabilidad, y eso es porque no hay manera de fincar responsabilidad cuando todo el aparato gubernamental se alinea para brindar impunidad”, porque “no hay Cártel del Despojo sin jueces”, declaró.
Y aunque reconoce la importancia del mensaje que envió el gobierno de Oaxaca al solicitar la orden de aprehensión en contra de Jorge Merlo y el trabajo que realizan para presentarlo ante la Ley, lamenta que en el Poder Judicial exista una interpretación de los hechos muy distinta a lo que las mismas pruebas señalan.
Como ejemplo mencionó la resolución del Juez Federal de Control, Alvaro Niño Cruz, quien no encontró elementos para vincular a proceso al exdirector del Registro Civil, Christián Hernández Fuentes, argumentando que no hay pruebas que demuestren que los Oficiales del Registro dependían de él, aunque fuera el responsable de la institución.
Otro ejemplo es el Juez Segundo de Distrito, Fidel Gallegos Figueroa, quien después de intentar sobreseer el amparo de los Hermanos Conzatti bajo el argumento de que lo que en realidad buscaban era el reconocimiento de una filiación y estudiar el asunto durante 33 meses, inexplicablemente no ha emitido sentencia respecto de sus registros de nacimiento. Situación de la que ilegítimamente está al tanto el ex-Director del Registro Civil y ha utilizado ante el otro Juez Alvaro Niño para no ser vinculado a proceso.
Y aunque apelaron la decisión, para Caleb Gómez Conzatti este tipo de fallos más allá de cuestionables, ponen en entredicho que vivamos en un Estado de Derecho y explican por qué las víctimas no denuncian. En su caso, detalló, se iniciaron cuatro querellas en su contra, por suplantación de identidad, por usar su propio nombre y supuesto despojo de sus propios bienes, aunado a las amenazas, razón que los ha llevado a desplazarse de su tierra natal.
“Ya hay varias quejas ante el Consejo de la Judicatura por cómo se está llevando el proceso por parte de los jueces. Ahora queda en la cancha del poder judicial valorar la pruebas y resolver, pero para ello se debe garantizar a los jueces condiciones para que puedan resolver conforme a derecho, si no tendremos resoluciones escandalosas que no suenen lógicas, como las que ya hemos tenido en el estado”, apuntó.
Por último, Caleb Gómez Conzatti reconoció que la lucha que ha emprendido el gobierno de Salomón Jara Cruz contra el Cártel del Despojo en un hecho histórico y un acto de justicia, confiando que sin la intervención del estado y una vez que se elimine la impunidad que les ha brindado el Poder Judicial a sus victimarios, podrán llegar a buen puerto, aunque hizo un llamado a la ciudadanía para no perder de vista al Cártel del Despojo, de lo contrario podría mantener su impunidad y acrecentar su poder en toda la entidad.
“No tenemos compromisos con nadie”
Antes de la llegada de Alejandro Murat al gobierno, había poco más de 300 denuncias al año por despojo; pero en su sexto año se denunciaron 1,200 casos, algo pasó ahí, afirmó en días recientes el Consejero Jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, quien ha comenzado una profunda depuración al interior de las Direcciones a su cargo como la del Registro Civil, la del Instituto de la Función Registral y la de Notarías, en donde han encontrado cientos de irregularidades que representan millones de pesos en daños al erario y al patrimonio de familias oaxaqueñas.
Tan solo en el Registro Civil, con el combate a la corrupción, en lo que va de 2023 se han recaudado 40 millones 372 mil 666 pesos de trámites, una gran diferencia a los poco más de 20 millones que se recaudaban en el mismo período de tiempo, durante la gestión anterior.
Falsificación de documentos, alteración de libros, manipulación de información personal, venta ilegal de hojas de registro, entre muchos otros ilícitos, son los que se han ido documentando en los últimos seis meses y con lo que se han ido armando carpetas de investigación que la Fiscalía deberá presentar ante el Poder Judicial y éste, resolver conforme a lo que marca la Ley.
Sagrero ha sido enfático en que desde la Consejería del Gobierno del Estado no pueden repetir los errores del pasado y comenzar violando la Ley o los derechos ciudadanos como la presunción de inocencia, pero eso no impide que acorde a las facultades y obligaciones de cada dependencia, coadyuven con las instancias judiciales y administrativas correspondientes. Por lo que se ha fortalecido la coordinación interinstitucional, sobre todo con las Fiscalías tanto del estado como a nivel federal.
En el caso de los notarios, refirió, “lo que hemos hecho es abrir los expedientes, si un notario no quiere prestar los libros a la Fiscalía y se ampara, lo pide la Dirección de notarías y lo pone a la vista. No tenemos por qué estar solapando o protegiendo a nadie porque no tenemos compromisos con nadie”, atajó Vásquez Sagrero en una conferencia de prensa al reconocer la alta responsabilidad que representa recuperar la confianza en las instituciones.
Resultado de dicha coordinación, informó que se detectaron documentos apócrifos en las notarías: 45, Miguel Ángel Modesto Concha Viloria; 35, Jorge Wincley Yessin; 38, Omar Abacuc Sánchez Heras, y 26, Emanuel Toledo Medina. Por lo cual tendrán que deslindar responsabilidades en la Fiscalía Anticorrupción.
A ellos se suma la lista de Notarios a los que se les podría retirar el Fiat por irregularidades en su designación como fedatarios públicos durante los últimos días del gobierno de Alejandro Murat, entre ellos el número 140, Tomás Víctor González Illescas; el 78, Ramón Velásquez Chagoya; la 88, Berenice Ramírez Bohórquez; la 141, María Hampshire Moncada; la 142, María de la luz Candelaria Chiñas y el 143, Carlos Alberto Aragón Ramos. Quienes ya han sido imposibilitados para realizar cualquier trámite notarial.
Además, son investigados los nombramientos como notarios auxiliares de Armando López Mendicuti, exsecretario particular de Murat Hinojosa, Andrés Manzano Trovamala, Othón Sibaja Suárez, entre otros exfuncionarios e hijos de políticos.
Mismo caso al que enfrentan las designaciones -en revisión- del Senador, Raúl Bolaños Cacho Cué, también investigado. Así como Gilberto Gamboa, exdirector del Instituto de la Función Registral y Jorge Zárate Medina, titular del Catastro en el sexenio pasado y hoy detenido como probable miembro del Cártel del Despojo. El primero es hijo del notario 66, Gilberto Gamboa y el segundo del notario 84, Jorge Zárate, ambos cercanos a la familia Murat y con denuncias por despojos. Al igual que el 135, Jorge Merlo, quien ya fue suspendido de sus funciones por la Dirección General de Notarías, por negarse a una revisión programada desde abril, tras haber detectado diversas irregularidades en los trámites que realizó bajo la fe pública que le confirió Alejandro Murat Hinojosa.
Ante este dantesco escenario de corrupción e impunidad, Vásquez Sagrero ha reiterado que la principal instrucción del gobernador Salomón Jara no es solo combatir la corrupción, sino erradicarla de raíz, asegurando que llegarán hasta las últimas consecuencias, para que los responsables, que tanto daño le han hecho a Oaxaca y a las familias oaxaqueñas, enfrenten la justicia.
Tal y como lo podrían hacer más exfuncionarios muratistas e incluso los propios exgobernadores Alejandro y José Murat, de llegarse a demostrar que participaron en actos de corrupción, tanto en los despojos inmobiliarios como en otros ramos, incluida obra pública, contratación de proveedores, pagos a organizaciones sociales, desvío de recursos, más los que se vayan acumulando.
Aunque parece que su mayor temor es lo que sus antiguos empleados y socios, pudieran decir a cambio de reducir sus condenas. Y hay varios que podrían derrumbar el imperio económico y político, que la familia Murat ha construido con los años, teniendo a Oaxaca y el Estado de México, como sus principales monedas de cambio. Algo que podría estar por terminar, si el primer gobierno emanado del Movimiento de Regeneración Nacional, decide actuar y terminar con décadas de impunidad.
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