Este 22 de julio del 2023, durante una sesión extraordinaria de la LXV Legislatura local, se aprobó en “fast track” la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa para crear el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCO).
La iniciativa, presentada por el Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Luis Alfonso Silva Romo, fue avalada con 33 votos a favor y uno en contra, de la Diputada Angélica Melchor del PRD.
Con la reforma aprobada y remitida al Ejecutivo del Estado para efectos del Artículo 53 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Oaxaca; el nuevo tribunal pasará de tener 12 magistrados a solo tres que actuarán en Pleno.
Además, para disminuir costos y eficientar la justicia administrativa, se reducirá su estructura a una Sala Superior y cuatro Salas Unitarias de Primera Instancia, a diferencia de la actual que consta de una Sala Superior, seis Salas Unitarias de Primera Instancia y una Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción.
El procedimiento de elección de los nuevos Magistrados y Magistradas, será por medio de una propuesta presentada por el Ejecutivo que deberá ser ratificada o en su caso rechazada, por el Legislativo, para lo que la Junta de Coordinación Política presentará las propuestas ante el pleno, lo que se realizó este mismo día.
Siendo designados Mateo Martínez, Manuel de Jesus López y Cruz Itzel Espinoza Rojas en la Sala Superior del Tribunal por un período de siete años, mientras que en las Salas Unitarias de Primera Instancia se nombró a Amparo Arias, Oswaldo Bernal Flores, Javier Martín Villanueva y Danae Echeverria, quienes estarán en el cargo por cinco años.
La decisión legislativa se da en medio de diversos señalamientos por irregularidades en el extinto Tribunal a cargo del Magistrado Presidente Manuel Velasco Alcántara, uno de los personajes más cercanos a los exgobernadores José y Alejandro Murat, y que en tres años ejerció un presupuesto superior a los 143 millones de pesos en opacidad. Aunado a la posible complicidad en la protección a funcionarios públicos señalados por actos de corrupción.
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