Hablemos de política, por Diego Martínez Sánchez
Por fin, una de las mayores dudas de la humanidad ha sido resuelta, ¿existe vida en otros planetas? La respuesta parece ser sí, y al menos Estados Unidos tenía conocimiento de ello, incluso restos de naves y seres del espacio, los cuales eran resguardados en instalaciones secretas del gobierno norteamericano, según las declaraciones de un exmilitar de alto rango.
Sin embargo, la noticia de este “descubrimiento”, ha generado más memes que reacciones sociales. En México el periodista y ufólogo, Jaime Maussan, quien durante años fue víctima del acoso y burla de la comunidad académica y científica, por sus teorías sobre la presencia de vida extraterrestre en la tierra, se ha convertido en el mayor especialista del tema.
En Estados Unidos el efecto ha sido diverso. Por un lado están los que ven confirmadas sus creencias sobre la existencia de vida inteligente más allá de nuestro planeta, cuestionando qué buscan y cuáles serán los siguientes pasos de los visitantes y sobre todo, el por qué se ha mantenido en secreto tantos años y por qué lo hacen público ahora.
Por el otro, quienes alegan que todo esto se trata de una conspiración del gobierno para distraer a las sociedades de los problemas globales y los abusos de los corporativos controlados por los hombres más poderosos del mundo. Es decir, una estrategia más para mantener el control global.
En esta misma línea, una teoría que ha tomado fuerza sobre todo en el vecino del norte, es que se trate de una “cortina de humo” ante dos crisis que atraviesan los sectores económicos estadounidenses. La huelga de Hollywood que paralizó la industria cinematográfica, cuyos ingresos han decaído drásticamente en los últimos años, pasando de 42,500 millones de dólares en el 2019 a 7,360 millones en el 2022. Aunque dicha cifra significó un incremento del 72% respecto al 2021 cuando la taquilla generó 4,570 millones. Y aunque en el 2020 los ingresos fueron mejores, los 12,000 millones de dólares que contabilizaron ya representaban un importante decremento.
Los factores como la pandemia y los efectos tanto sociales como económicos tuvieron mucho que ver, no obstante, ha sido el exceso por parte de directivos de las casas productoras al percibir pagos estratosféricos pese a la crisis, y la introducción de la inteligencia artificial para sustituir a miles de trabajadores del sector, incluidos guionistas, dobles, extras y hasta actores, cuya imagen podría ser sustituida por una animación generada con IA.
La segunda causa podría ser la creciente denuncia por las redes sociales del tráfico de personas, sobre todo niñas y niños, con fines de explotación sexual, en las que estarían involucrados políticos, empresarios, actores, líderes religiosos y cientos de personas, hombres y mujeres, miembros de los círculos de poder más exclusivos del planeta.
Tema que lleva años buscando salir a la luz pero por distintas razones (o distractores), termina por pasar desapercibido y desaparecer del colectivo social. Basta recordar al magnate pederasta y miembro distinguido de una red de tráfico de menores, Jeffrey Edward Epstein, quien contaba con su propia Isla para realizar todo tipo de atrocidades en donde participaba la élite global. Y aunque fue detenido, terminó por “suicidarse” en su celda, poco antes de compartir información sobre sus cómplices.
En México tenemos al exgobernador de Puebla, Mario Marín y al empresario Jean Succar Kuri quienes junto al prófugo José Kamel Nacif Borge, fueron denunciados por formar parte de una red de explotación sexual infantil y por ordenar el secuestro y tortura de la periodista Lydia Cacho, quien evidenció a los pederastas. Los dos primeros se encuentran detenidos y en proceso, mientras que el tercero escapó al Líbano; pero su poderosa red de prostitución y pornografía infantil, permanece intocable.
Sea cual sea la causa, en las próximas semanas seremos testigos del engaño más grande en la historia de la humanidad, o del evento más importante en nuestra corta existencia, un “encuentro cercano del tercer tipo”. Aunque debemos esperar al informe que la NASA presentará en agosto, según lo dicho por su director Bill Nelson, tras las declaraciones del exmayor David Grusch ante el Congreso de Estados Unidos, en donde aseguró que su gobierno tiene restos de un ovni y sus ocupantes.
Pero mientras todo esto sucede, la tierra sigue girando y la mayoría de los países continúan su curso, aunque en algunos casos, como el de México, el destino sea incierto.
De nada han servido los abrazos, los regaños de los papás, ni siquiera los de los abuelos, para detener la espiral de violencia que vive todo el territorio nacional. Realidad que por más que se intente negar desde el púlpito presidencial, es imposible de ocultar.
Sin embargo, lejos de reconocer el fracaso de la estrategia, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se aferra a continuar simulando e intentando engañar a los millones de mexicanos que día a día son víctimas directas o indirectas de la inseguridad. Miles de familias desplazadas, municipios enteros controlados por el crimen organizado e incluso estados, son pruebas de que en México no hay paz.
Como ejemplo los eventos suscitados hace unos días en Coahuila, cuando un comando armado intentó ingresar al estado provocando un enfrentamiento con elementos de seguridad, quienes detuvieron el avance del convoy criminal, dejando como saldo un agente muerte y cuatro heridos.
Hechos como este se repiten en prácticamente todas las entidades, siendo las gobernadas por partidos de oposición, las más vulnerables por el abandono del gobierno federal, aunque el apoyo brindado por las fuerzas castrenses y la Guardia Nacional, tampoco ha dado buenos resultados, como muestra tenemos Zacatecas, Michoacán y Guerrero, las tres gobernadas por el Movimiento de Regeneración Nacional y hundidas en un total abandono institucional que ha dejado a la sociedad a merced de los grupos criminales.
Y mientras tanto, el Presidente y la estructura gubernamental, tienen como prioridad atacar a la oposición ante el proceso electoral que se vivirá en el 2024, donde se decidirá el fin o la continuidad de la llamada Cuarta Transformación. Empleando de manera obscena, recursos públicos para denostar, difamar, violar cínicamente la Ley electoral y hasta los derechos humanos de sus “rivales”.
Misma línea que han seguido sus candidatos, sobre todo la exjefa de gobierno y consentida presidencial, Claudia Sheinbaum, quien presume que encabeza todas las encuestas pero invierte la mayor parte de su tiempo en publicaciones atacando tanto a los de enfrente, como a sus propios compañeros. Demostrando su talante intolerante y autoritario, hasta con los medios de comunicación que no le hacen preguntas a modo o para alimentar su ego. Calificando a los periodistas y sus entrevistas, de “violentas”.
Declaraciones muy peligrosas, que alimentan la confrontación que ha gestado el propio Presidente en contra de los medios de comunicación que él considera como enemigos por cuestionar las decisiones de su gobierno, exigir transparencia y rendición de cuentas. Ataques que lanza tanto al Reforma como a Animal Político, Carmen Aristegui o a organizaciones internacionales como Artículo 19. No por nada México es el país “sin guerra”, más peligroso para ejercer la labor informativa. Los (al menos) 45 periodistas asesinados durante el actual sexenio, dan cuenta de ello.
Hablando de temas más amables pero no menos interesantes, el estado de Oaxaca en el sureste de México, celebró la 91 edición de la Guelaguetza, evento denominado como el festival folclórico más importante del continente Americano. Un título que sin duda hace honor a la basta riqueza cultural e histórica de la entidad con la mayor diversidad étnica y lingüística del país, pese a seguir siendo una de las más rezagadas en todos los rubros sociales y económicos.
Realidades que podrían cambiar de concretarse los proyectos de infraestructura que desarrolla la federación como el mejoramiento de la Refinería de Salina Cruz, las carreteras al Istmo y a la Costa, pero sobre todo, la renovación del corredor Interoceánico, el cual buscará ser una alternativa frente al canal de Panamá y aumentar el comercio con Estados Unidos, Asia y Europa, buscando detonar el potencial económico de la región. Aunque faltaría ver si los beneficios reales son para la población o para unos cuantos grupos empresariales y políticos que faciliten los trámites legales, dejando una vez más, relegadas a las comunidades, lo que nos regresa al tema, la Guelaguetza.
El diccionario de Oxford define la Guelaguetza en dos aspectos: El primero como un “Sistema de cooperación mutua que mantienen los vecinos de un lugar, especialmente en las cosechas o en la construcción de viviendas”, puntualizando que es una tradición “entre los indígenas del estado de Oaxaca”. Para complementar, la define como una “Fiesta que se celebra en relación con este sistema cooperativo; se caracteriza por la espectacularidad de sus bailes y el colorido de sus trajes”.
En esencia, es una fiesta que reúne a las comunidades de las ocho regiones de Oaxaca para fortalecer los lazos de unión, compartiendo sus tradiciones y “riquezas”, recordando que aunque existen diferencias, son un mismo pueblo.
Sin embargo, esa idea romántica desapareció hace varios sexenios, cuando algunos empresarios convertidos a políticos, antepusieron el interés económico personal, sobre el beneficio social. Haciendo del festejo un lucrativo negocio para unos cuantos y teniendo como principal fuente de “entretenimiento” a los pueblos indígenas, quienes al igual que la mayoría de oaxaqueños, pasaron de ser protagonistas a meros expectantes. Ya que el “mejor mercado” es el extranjero, ese que paga en dólares y euros, monedas con las que aún no podemos competir, con todo y el “super peso”.
Al ser Oaxaca un estado dependiente del turismo, la justificación para maximizar la comercialización en un intento por incrementar el flujo de visitantes, existe. Pero lejos de beneficiar al grueso social, fue el comienzo de un proceso de gentrificación cuyos efectos vivimos hoy en día. Disfrazado por los beneficios de la inversión y la importante derrama económica, vital para cientos de negocios y miles de familias, pero mortal para muchas más, sobre todo para ese más del 60% de la población que vive en pobreza y pobreza extrema.
Con la llegada de la “primavera oaxaqueña” y su política de “primero los pobres” que tanto pregona el presidente Obrador, cualquiera pensaría que su primer Guelaguetza buscaría reivindicar a las comunidades y volverles a dar su lugar, pero lejos de ello, las banalidades, los egos, las incapacidades y los protagonismo de los funcionarios responsables de la organización de la máxima fiesta, demostraron que no existe interés en ser diferentes, como lo plantea su slogan. Por el contrario, intentaron ser una copia de sus antecesores, sin mucho éxito.
No solo por los participantes enfermos por alimentos en mal estado, o los que hospedaron en moteles con hasta seis personas en habitaciones para cuatro; o a los que enviaron transportes inseguros o las condiciones insalubres en los camerinos; tampoco por la mala organización para garantizar un aforo lleno en los espacios “gratuitos”, ni por la falta de coordinación para blindar al menos las zonas más turísticas y reducir los indices de criminalidad. El principal problema fue la falta de capacidad para transmitir el mensaje de una gobierno “diferente”, de llamar a la sociedad a ser parte del cambio que proponen. Muchos prefirieron buscar reflectores y beneficios con patrocinadores y proveedores.
Errores que terminará pagando el gobernador Salomón Jara, quien seguramente no estaba muy enterado de la organización al estar ocupado planeando la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa que estaba en manos del exgobernador José Murat a través del Magistrado presidente, Manuel Velasco, quien ganaba 300 mil pesos mensuales para dirigir uno de los órganos autónomos más improductivos del estado, según lo ha denunciado el Consejero Jurídico del gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero.
Y aunque deberán responder a una controversia interpuesta por los exmagistrados a través de sus abogados Peter Bauer Mengelberg y Valentina Benítez, quienes habrían cobrado varios millones de pesos por la representación; la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado es un acto consumado y un duro golpe al muratismo. Ya que ahora los funcionarios del gobierno de Alejandro Murat (hijo de José Murat), podrían ser investigados a fondo por posibles actos de corrupción durante el sexenio pasado.
Por lo que varios excolaboradores tanto del padre como del hijo, podrían celebrar su próxima Guelaguetza desde un palco privado en alguna prisión del estado. Aunque el verdadero triunfo para el hoy gobernador, sería acabar con el cacicazgo de la familia Murat, lo que podría catapultar a otros escenarios.
Eso, si no comienza una invasión extraterrestre…
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