*Por Juan Carlos Hernández Ascencio.
Haciendo imperar el Estado de Derecho, una vez más los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mostraron sentido ético y practico en la revisión de la llamada controversia constitucional de reforma judicial, no se esperaba otro resultado para el país. Por lo que, suponemos que en la inteligencia de esa decisión es la salvaguarda de los principios basados en la ley y solo en ello y no otro propósito.
De parte de los integrantes de la Suprema Corte, quienes justo argumentaron que los motivos de su decisión fueron sustentados conforme a derecho; pues pensar en que la constitución política se puede manipular al gusto y capricho de quien sea es un despropósito de no querer la estabilidad política y social de este país, es decir por lo tensa que esté o se pueda poner la situación, no es propicia para generar complicaciones. En la votación hecha de los once ministros que aún conforman el pleno, tres ya muy conocidos votaron en contra: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. En sus decisiones de la temática presentada en un primer escenario.
Sin embargo, este fue el primer episodio, porque ya al entrar a el estudio profundo de la situación del tema ya no fue posible la votación en el mismo sentido y usted ya sabe el resultado final.
Hay que entender que las leyes están para cumplirlas, y para hacerse cumplir, si esto es así, solo queda hacer respetar el estado de derecho, ante ello se ha valorado la determinación conforme a los ministros que han mostrado sensibilidad también al llamado de la ciudadanía por conservar la justicia como es y como está hoy dia. Con la estructura como opera, con su carrera profesional y de especialización, que es un baluarte que ha hecho que su personal en todos los niveles puedan contar con la suficiente capacitación para desempeñar el no menos importante trabajo de impartir justicia a cabalidad.
Pese a que no quedará ahí pues hay otros “idealistas salvadores de la patria” que han anunciado la no aceptación de estas decisiones del pleno de los ministros, y harán valer, ahora sí que, por que sí, su razón política de no aceptar tal decisión, esto se va a poner más polémico de lo que se pensaba. Vaya momentos por los que atraviesa el país. Sus razones e intereses tendrán, empero lo que no debe hacerse es llevarlo a otros niveles de no diálogo y entendimiento.
Es necesario recordar la sana división de poderes y que es de relevante importancia la obligación de respetar la ley, todos; sin embargo, qué será lo que no se entiende, para sí hacerlo es el tener instituciones fincadas en la solvencia ética y profesional, que fundamente y sostengan el respeto al estado de derecho, a quién le hace mal, que México cuente con jueces, ministros, y demás personal entregados a su labor sin distinción y compromiso alguno tergiversado que no sea solo el de cumplir la ley y buscar el bien común en las decisiones tomadas conforme a esta.
Más bien que sea el tiempo de que venga la paz social ahuyentando los demonios desestabilizadores del país y generando mejor la participación de la ciudadanía en el interesante proceso de trasformación de México, pues la democracia nos necesita una y otra vez. Sea como sea y venga lo que venga no dejemos que el país se desmorone, la paz pública descansa siempre en las instituciones creadas para tal fin, el derecho intrínseco de la ciudadanía se sostiene, en la simbiosis y el buen modo de emplear la integridad y honestidad de ejercerlo sin prebendas, compromisos o arrebatos. Edifiquemos para bien, sin menoscabar lo construido hasta ahora. Otra vez que no llegue el rumor de la discordia.
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