18 enero, 2021

Polígrafo Mx

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Rosario Robles aceptará ser testigo protegido de la FGR

La exfuncionaria enfrenta su proceso acusada por “La Estafa Maestra” internada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla

Ciudad de México.- La extitular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, podría convertirse en los próximos días en la nueva testigo protegida del gobierno federal, sumando a las investigaciones por supuestos actos de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Tras permanecer más de un año en prisión preventiva por supuestas omisiones en el ejercicio de sus funciones y, de que se le girara una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, Robles, finalmente ha aceptado colaborar con la Fiscalía General de la República en el caso La Estafa Maestra.

De acuerdo al medio Animal Político, el equipo legal de la exfuncionaria confirmó que su clienta les comunicó este 23 de noviembre la decisión de explorar esa posibilidad.

Lo que implicaría un cambio radical en su estrategia, tras rechazar e incluso denunciar que estaba siendo presionada por la Fiscalía para aceptar dicha opción.

En una carta que hizo pública hace unas semanas, Robles acusó al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, de presionarla con nuevas acusaciones en caso de rechazar ser testigo colaborador como lo han hecho otros exfuncionarios. Incluido su excolaborador, Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor.

“Ella se encuentra enferma y está desesperada. Está sola y la situación la ha quebrado”, había declarado uno de los integrantes de su equipo legal que se comunicó este lunes con la exfuncionaria, aseguró el medio digital.

La decisión de conceder a Robles el llamado criterio de oportunidad compete exclusivamente a la FGR. El primer paso es que una persona imputada de un delito acepte volverse testigo del Ministerio Público y rinda una declaración en donde señale posibles delitos de personas de mayor jerarquía que la suya.

Posteriormente deberá ofrecer evidencias para sustentar su dicho. Si la información que aporte resulta útil entonces la FGR elaborará un acuerdo en el que acepte concederle el criterio de oportunidad al posible delincuente. Dicho acuerdo deberá ser notificado a la víctima (en este caso a la Auditoría superior de la Federación) y a un juez en caso de que ya se haya iniciado el proceso penal.

El efecto de conceder un criterio de oportunidad a una persona es retirarle los cargos que se le imputen o en su caso detener una acción legal en su contra. En el caso de Robles ella se encuentra procesada por el delito de uso indebido de atribuciones, cargo que aún se le puede retirar debido a que no se ha llegado a la fase de juicio.

Respecto a la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, sin embargo, la misma no ha sido cumplimentada todavía. De ser el caso, la FGR podría desistirse de ejecutar esa orden y solicitar a un juez que la anule.

Otra opción es que la FGR decida no retirar todos los cargos en su contra pero sí los más graves, y a cambio pacte con ella declararse culpable en un procedimiento denominado “abreviado”, lo que significaría que se le imponga una pena reducida que le permita recuperar su libertad.

Este anuncia se da dos semanas antes de una de las audiencias más relevantes, ya que el 8 de diciembre de 2020 se realizará la acusación en su contra y se presentarán las pruebas pertinentes para determinar su condena.

Ella, por su parte, podría declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público, recibir una condena reducida y agilizar el proceso del que es sujeta.

La Fiscalía General de la República le ha imputado el cargo, dos veces, por el delito de ejercicio indebido del servicio público durante su periodo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU); responsabilizándola por un daño superior a los 15 mil millones de pesos al erario. Y por lo que la Fiscalía solicitó una sentencia de 21 años.

Actualmente, la ex secretaria enfrenta su proceso internada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra desde el 13 agosto de 2019.

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