Ciudad de México.- El pasado 19 de noviembre el Senado de la República aprobó con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, el proyecto de Dictamen por el que se expide la Ley para la Regulación del Cannabis y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y Transitorios, por medio del que se crea un mercado controlado de cannabis.
Aunque el dictamen que regularía el uso lúdico de la mariguana asegura tener un “enfoque de salud pública, derechos humanos y desarrollo sostenible”, para activistas y organizaciones civiles, no es más que una simulación que no despenaliza sino refuerza la criminalización.
“México sería el primer país en crear una regulación para el uso adulto de la cannabis y, a la vez, continúa la prohibición. Se mantiene la criminalización de las personas usuarias permitiendo que estas sean perseguidas penal y administrativamente y, enfrenten castigos con cárcel y multas de hasta diez mil pesos”, señaló México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) en un comunicado .
La organización consideró que esta ley crea una regulación excluyente, que mantiene a campesinos, pacientes y usuarios en un mercado ilícito y penalizado.
También señala que la ley fue aprobada adoleciendo de vicios en el proceso legislativo luego de que votaran un proyecto que aún no estaba terminado.
Advierte que habilita un mercado que permite a las empresas producir y comercializar cannabis, pero que penaliza y vigila a quien la va a consumir.
Con las modificaciones aprobadas, las personas en posesión de 28 a 200 gramos de cannabis deberán tramitar un permiso, pero aun así podrían seguir siendo detenidas y llevadas ante el Ministerio Público, autoridad que tendrá que desistirse de perseguirlos y además deberán pagar una multa.
Con ello se mantienen los incentivos para que las autoridades sigan persiguiendo esta conducta, abriendo espacios de extorsión y criminalización. Además, se pierde la oportunidad de reorientar los esfuerzos policiacos y ministeriales hacia la atención de los delitos que más dañan a la sociedad como homicidio, feminicidio, secuestro y extorsión, puntualiza la organización.
“Desafortunadamente, la ley aprobada opta por continuar penalizando a los pobres y beneficiar solo a unos cuantos al permitir, además, que se desarrollen solamente productos específicos que resultarán en un mercado accesible a pocas personas, en zonas exclusivas y privilegiadas.
En pocas palabras -agrega- esta ley crea una regulación excluyente que mantiene al resto de la población en un mercado ilícito y penalizado que seguirá afectando a las personas más desprotegidas –campesinado, pacientes, usuarios de las zonas más pobres del país, personas jóvenes y mujeres criminalizadas.
Tania Ramírez, integrante de MUCD, sostuvo que lo discutido en el Senado representa una simulación que beneficia a los corporativos y al mercado, permitiendo la explotación de los productos cannabicos, pero penalizando y limitando al usuario y a los pequeños productores.
Para Alejandro Madrazo, especialista en seguridad pública y miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la iniciativa solo refuerza la penalización y criminalización, beneficiando únicamente a las empresas que buscan entrar al mercado legal de producción y distribución de marihuana.
“¿Cuál es el mercado lícito? Ahí es donde la ley refleja que se está legislando no para los mexicanos ni en función de los derechos, sino en función de los intereses de las empresas que han cabildeado, porque el mercado que se regula es uno que tiene tantas restricciones que se vuelve imposible para los campesinos”, dijo en entrevista con el medio Radio Fórmula.
Madrazo señaló que en 2017 la intervención del derecho penal se redujo en materia de marihuana, gracias a que entró en vigor un decreto que reformó la Ley General de Salud para regular el uso medicinal.
“Con eso se penalizaba a los campesinos y a los usuarios que superaban los límites. Esas dos piezas mínimas de derecho penal ahora se verán acompañadas por una batería de cláusulas especiales, de todos los tipos penales, que dicen que pueden penalizar la marihuana, pero ponen una excepción para quienes participen en el mercado lícito”, explicó.
Madrazo agregó que, mientras esta legislación establezca restricciones costosas (como la tratabilidad de la planta, para lo cual se necesita inversión tecnológica), los campesinos no se verán beneficiados y la mayoría de los usuarios en el país seguirá recurriendo al mercado ilícito.
“(Esto) solo dejará a las empresas con mucho capital, y va a hacer que nuestros campesinos, que son los que saben cómo cultivarla, sean solo empleados de las grandes transnacionales”, dijo.
“Es tan costoso el mercado que el grueso de la población de usuarios no va a poder pagarlo; va a haber un mercado legal en tiendas elegantes, pero el grueso de nuestros usuarios están en las zonas urbanas, marginadas, y este mercado va a tener que seguir recurriendo al mercado negro, y en se sentido la guerra (contra el narcotráfico) va a continuar”, advirtió.
La organización Equis Justicia para las Mujeres también se pronunció en contra del dictamen, señalando que se ignoró a los familiares con pacientes que requieren cannabis medicinal, a los usuarios, a los cultivadores y a las personas en prisión por posesión mínima.
Por ello, llamó a la Cámara de Diputados a regular correctamente y a dejar de lado la “simulación”.
Zara Snapp, cofundadora de Instituto RIA e integrante del Colectivo Drogas, Política y Cultura, consideró que, aunque este es un paso importante, deja un sabor “agridulce”, pues no despenaliza y las sanciones podrían derivar en abusos de la autoridad.
“En realidad, ellos aprobaron una ley, que aunque tiene ciertos alcances, no descriminaliza por completo; hay multas muy altas y lo que nos preocupa, más por el consumo personal, es que eso se puede prestar a la extorsión o corrupción por parte de las autoridades”, dijo en entrevista con Milenio TV.
El documento que crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal ya fue enviado a la Cámara de Diputados, donde las organizaciones esperan que sea corregido antes del 15 de diciembre, fecha límite para su aprobación.
Las instituciones han exhortado a la Cámara de Diputados a retomar las sugerencias realizadas por distintos actores y aprobar una ley integral con justicia social. De la misma manera, convocaron a la ciudadanía a sumarse a la demanda de cambios para que el beneficio del mercado regulado sea para todas las personas y no para unos cuantos.
Con información de Agencias.
