Un grupo armado atacó a una familia indígena de ocho integrantes, que circulaba a bordo de una camioneta sobre el camino de la comunidad de El Rastrojo a San Juan Copala, en la Mixteca oaxaqueña.
La agresión dejó cinco personas muertas; Feliciano de 48 años, su madre María Macaria de 78 años, su esposa Isidra , y dos de sus hijos; Feliciana de 17 años y Tania de tan solo 10 años, cuyos cuerpos quedaron al interior del vehículo.
Otros dos niños de 10 y 8 años, así como un adolescente de 17, resultaron heridos y se encuentran recibiendo atención médica en una institución pública, sin embargo su estado se reporta como grave.
El atentado se registró el jueves 10 de diciembre, alrededor de las 10 de la mañana en el paraje conocido como Barranca Amarga.
Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron la zona y tras realizar las diligencias necesarias procedieron a levantar los cuerpos y abrir una carpeta de investigación por el delito de homicidio.
Estos hechos violentos se suman a los constantes asesinatos de miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), quien anunció que la familia era militante de su agrupación, por lo que exigió el esclarecimiento inmediato y el castigo a los responsables tanto materiales como intelectuales.
“¿Será que a nadie le importamos por ser indígenas?… ¡Exigimos el esclarecimiento inmediato y castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre de los compañeros heridos y asesinados!”, espresó el MULT en un comunicado.
Tan solo en el mes de noviembre, fueron asesinados tres líderes de la organización social, sin que hasta la fecha existan resultados en la investigación.
Por ello, diversos organismos como Mexicanos Unidos, se han sumado a la denuncia por “el creciente ambiente de violencia en la zona triqui de Oaxaca, donde los gobiernos locales, estatal y federal, lejos de procurar condiciones que permitan resolver los conflictos”, e incluso -aseguran- han hecho justo lo contrario, “fomentando las divisiones internas con motivaciones que nada tienen que ver con el interés de las comunidades y promoviendo proyectos depredadores de sus recursos”.
Señalaron que al no existir “una mínima intención de procurar justicia” por parte de las autoridades, se asegura la impunidad de los asesinos y motiva, por acción u omisión, el incremento de la violencia.
Ante este panorama, se sumaron al llamado a la intervención de los organismos defensores de los Derechos Humanos, a fin de que realicen visitas de diagnóstico de las condiciones en el terreno y emitan las recomendaciones a que haya lugar, “definiendo los procedimientos que permitan evaluar su aplicación, o en su caso, sancionar a los funcionarios e instituciones omisas”.
También hicieron un llamado a las comunidades triquis, “a tejer los mecanismos de diálogo sincero que antepongan los intereses colectivos y no agendas partidistas o intereses de otro tipo ajenos al interés del pueblo triqui”.
No se trata de olvidar los agravios, sino de encontrar juntos los mecanismos de reparación de los daños y la construcción de condiciones que garanticen la no repetición y den lugar a mejores condiciones de vida para todos los triquis, según las formas que acuerden colectivamente”, señaló la asociación por medio de un comunicado.
Por último, advirtieron a “los malos gobiernos locales, estatal y federal” que estarán atentos al sentido de su actuación en este caso y los responsabilizan por no haber mostrado interés alguno en resolver los problemas, sino, por el contrario, “explotarlos perversamente para sus fines electorales aunado a los intereses ajenos a la nación triqui”.
En tanto, el gobernador del estado, el priista Alejandro Murat Hinojosa no ha hecho comentarios sobre el asesinato de los cinco integrantes de la familia, ocupando la agenda de los últimos días en la visita que realiza el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad para supervisar proyectos de infraestructura y del programa bienestar.
