25 febrero, 2021

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Reservan expedientes de Marinos involucrados en desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales

Entre enero y junio de 2018 se reportaron 47 personas desaparecidas en Nuevo Laredo, aparentemente a manos de elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina; casos que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a través de 34 carpetas abiertas.

Las sospechas se centran en la unidad de élite que se encarga de los grandes operativos contra el crimen organizado y estaban al mando de el almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la unidad de operaciones especiales de la Semar en el momento de los hechos, y Alfredo Reyes Mondragón, capitán de fragata al frente de la Base de Operaciones de Marina en Nuevo Laredo hasta junio de ese año.

Según la FGR, 25 víctimas les siguen buscando, otras tres fueron encontradas con vida mientras que 19 fueron halladas muertas, la mayoría abandonadas en parajes de Nuevo Laredo, Coahuila y Nuevo León.

Entre estas últimas se incluyen menores de edad como José Eugenio Hernández Romero, de 14 años y cuyo cuerpo apareció semienterrado en la carretera hacia Piedras Negras el 28 de abril o Heidi Méndez Echeverría, de 17 años y que fue encontrada muerta junto a su esposo, Jesús Roberto Ramos Martínez, el 6 de mayo de 2018.

En muchos de los casos hay testigos e incluso videos que señalan a los marinos como presuntos responsables de estos crímenes.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y un Juez Federal Mexicano, en uno de los casos que ya fue judicializado, han dicho que existen suficientes pruebas para sostener lo que las familias de los muertos y desaparecidos han dicho en diferentes instancias: que sus allegados fueron secuestrados por elementos de la Semar, que se los llevaros en diversas situaciones. Algunos fueron capturados en su propia casa; otros, tras registrarse una persecución o un choque vehicular y, algunos, cuando caminaban por la calle.

La Fiscalía ha dicho que existen dos líneas de investigación por los 22 asesinatos extrajudiciales y las 25 desapariciones forzadas, la primera, que los marinos secuestraron, desaparecieron y posiblemente asesinaron a estas personas; la segunda, que fueron criminales disfrazados como marinos los que secuestraron, desaparecieron y posiblemente asesinaron a estas personas.

Sin embargo, la Semar declinó ofrecer información sobre este caso pero asegura que “colabora y brinda toda la información solicitada por esas autoridades, para el desarrollo de todos los casos en que personal naval se ve sujeto a investigación”.

Y aunque Marco Antonio Ortega Siu y Alfredo Reyes Mondragón están señalados por la CNDH en la recomendación VG36/2020, como dos de los responsables de la desaparición forzada de 27 personas en Nuevo Laredo y la posible ejecución extrajudicial de 12 de ellas, la Secretaría de Marina (Semar) reservó por cinco años la hoja de servicios de los mandos.

El almirante tiene una larga carrera y se le atribuyen, entre otros operativos, la recaptura de Joaquín el “Chapo” Guzmán Loera, en enero de 2016. Después de los hechos de Nuevo Laredo, su nombre sonó para secretario de Seguridad en Puebla e incluso fue anunciado por Miguel Barbosa en julio de 2019. Finalmente, el gobernador dio marcha atrás y argumentó que Ortega Siu tenía compromisos pendientes con la Marina. No se conoce cuál es su destino desde entonces.

Reyes Mondragón es señalado por testigos de algunas desapariciones como el marino al mando de los operativos sobre el terreno. En junio de 2018 fue acuartelado en Ciudad de México junto a 257 elementos, en un repliegue que fue justificado por las denuncias recibidas sobre violaciones a los derechos humanos.

Aunque la Semar aseguró que investigaría a todos ellos, hasta el momento se desconoce la situación de las investigaciones o si en verdad existieron.

De las 47 denuncias, solo una de las investigaciones ha llegado ante un juez. Se trata de la carpeta FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/0000312/2018, centrada en la desaparición de Julio César Viramontes Arredondo, el 19 de febrero de 2018.

Un juez de Reynosa, Tamaulipas, encontró indicios que vinculan a nueve de los subordinados de Ortega Siu y Reyes Mondragón con la desaparición forzosa del hijo de Erika Arredondo.

La última vez que se le vio transitaba en un coche que fue embestido por un vehículo de Semar con las placas modificadas. Diversos testigos aseguran que fue capturado por los marinos y un juez de Reynosa, Tamaulipas, vio indicios suficientes para procesar a nueve integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales por desaparición forzosa. Sin embargo, el mismo juez no consideró necesario detenerlos, ya que argumentó que al ser funcionarios y tener superiores estarían localizados.

Hasta el momento, la recomendación 36VG/2020 de la CNDH es el único indicio de justicia que han recibido las familias de las víctimas. En ella, la institución señala a la Marina como responsable de 27 desapariciones y exige que los afectados sean compensados. Sin embargo, a pesar de que la Semar aseguró que aceptaba lo dicho por la CNDH, la recomendación no se ha cumplido.

Ahora, la Armada mantiene en secreto cuál fue el paradero de los mandos señalados por las graves vulneraciones a los Derechos Humanos. De este modo, se desconoce si, después de ser vinculados a desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales, los oficiales siguieron subiendo en el escalafón militar como si nada hubiera ocurrido.

El argumento de la Marina para negarse a dar información sobre ambos mandos es que podría llegar a manos del crimen organizado, lo que pondría en peligro a los oficiales y sus familias por ser personal operativo.

“La difusión de la trayectoria, cargos, puestos y destinos del personal naval operativo de seguridad de Infantería de Marina, personal de servicios en Unidades Operativas, podrían poner en peligro la integridad física del Personal Naval que participa en operaciones en coadyuvancia al mantenimiento del Estado de Derecho y en apoyo a la Seguridad Publica”, dice el acta correspondiente al número de folio 0001300201420, relacionada a Reyes Mondragón. La respuesta sobre Ortega Siu es exactamente la misma.

“La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés publico a la seguridad pública, en razón de que, dar a conocer información de este militar que se encuentra destacamentado en unidades operativas, podría permitir a los integrantes de la Delincuencia Organizada su identificación, ubicación y con la trayectoria y cargos se identificarían las operaciones militares en las que ha participado y participa, lo cual traería como consecuencia que se efectúen actos que pondrían en peligro la vida o la integridad física de este elemento militar y su familia”, insiste la respuesta.

Con información de Animal Político y Proceso

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