Congreso blinda autonomía económica de comunidades indígenas: aprueban fomento a su cultura organizacional
CIUDAD DE MÉXICO – En un paso histórico hacia el reconocimiento de las formas de autogobierno económico, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la adición del artículo 29 Bis a la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Esta reforma integra formalmente la cultura organizacional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en el marco legal del cooperativismo nacional.
La iniciativa, impulsada por la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez, establece que en las sociedades cooperativas de consumidores y productores se deberá fomentar la cultura organizacional propia de estos pueblos, respetando estrictamente sus usos, costumbres y sistemas normativos internos.
El dictamen subraya que no basta con la inclusión superficial; se requiere que las estructuras de toma de decisiones de las cooperativas indígenas —basadas frecuentemente en asambleas comunitarias y consensos tradicionales— tengan plena validez legal ante las autoridades.
La aprobación de esta reforma actúa como un puente para que estas organizaciones accedan a los beneficios fiscales ya existentes y a nuevos esquemas de apoyo derivados de su reconocimiento como sujetos de derecho público.
Las cooperativas de producción pueden calcular impuestos bajo un régimen simplificado, permitiéndoles diferir el pago del ISR hasta el momento en que se distribuyen las utilidades a los socios.
Aquellas dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras (AGAPES) conservan beneficios de exención de impuestos hasta ciertos límites de ingresos anuales, fundamentales para la subsistencia comunitaria.
Al armonizarse con la reforma constitucional de 2024, estas cooperativas podrán administrar recursos públicos de manera directa sin intermediarios, eliminando barreras burocráticas que históricamente marginaron a los productores indígenas.
Con la adición del artículo 29 Bis, se busca que el modelo cooperativo no sea una estructura impuesta, sino una herramienta que potencie el patrimonio cultural y la identidad de los pueblos originarios.
“Estamos saldando deudas históricas”, señalaron legisladores durante la sesión, destacando que esta medida facilita la inserción de productos indígenas en mercados nacionales e internacionales bajo un esquema de comercio justo.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial, marcando el inicio de una nueva etapa para la economía social y solidaria en México.
