El Alto Tribunal anula una sentencia condenatoria que se fundó en prejuicios sobre la maternidad y garantiza el derecho de las víctimas a la igualdad procesal.
CIUDAD DE MÉXICO – En una resolución de vanguardia para el sistema de justicia penal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la perspectiva de género es un requisito de racionalidad jurídica indispensable para garantizar la presunción de inocencia. Con este fallo, el tribunal busca erradicar el uso de sesgos cognitivos y prejuicios socioculturales en la valoración de las pruebas y la determinación de sentencias.
El pronunciamiento surge tras el análisis de un caso en el que una mujer fue condenada por el homicidio de su hija bajo un razonamiento judicial que priorizó el comportamiento social de la acusada —evaluado bajo el estándar del “ideal materno”— por encima de los elementos probatorios científicos.
La Corte fue enfática al señalar que los juzgadores tienen prohibido construir una responsabilidad penal a partir de expectativas sobre cómo debe actuar o sentir una mujer ante una tragedia. Al hacerlo, se incurre en una justicia moralizante que vicia el proceso y compromete la objetividad necesaria en el ejercicio jurisdiccional.
De manera paralela, el Pleno abordó la disparidad de derechos entre las partes del proceso. La SCJN declaró inconstitucionales las disposiciones legales que limitaban la capacidad de las víctimas para apelar resoluciones judiciales, una facultad que en ciertas legislaciones locales se reservaba exclusivamente para los procesados.
Este criterio refuerza el principio de igualdad procesal, asegurando que las víctimas dejen de ser sujetos pasivos y cuenten con un recurso efectivo para impugnar decisiones que afecten su derecho a la verdad y a la reparación del daño.
La decisión del Máximo Tribunal representa un paso técnico decisivo hacia la profesionalización de la judicatura.
No obstante, el análisis objetivo de esta resolución sugiere que el mayor desafío será su implementación en las fiscalías estatales y tribunales de primera instancia. La erradicación de la violencia institucional requiere que estos criterios no queden en el plano doctrinario, sino que transformen la operación cotidiana de un sistema penal históricamente resistente al cambio.
Con esta sentencia, la SCJN reafirma que la justicia, para ser tal, debe estar libre de prejuicios y ser equitativa en sus mecanismos de defensa para todas las partes involucradas.
