CHILPANCINGO, Gro. — En lo que analistas de seguridad y defensores de derechos humanos califican como una alarmante pérdida de soberanía y una claudicación histórica del Estado de derecho, el Gobierno Federal ha formalizado una política de pacto e interlocución directa con las cúpulas del narcotráfico.
A través de la emisión consecutiva de los comunicados oficiales No. 055 y No. 056, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció explícitamente que se encuentra negociando y sentando mesas de diálogo formales con cárteles de la delincuencia organizada.
Con esta acción, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo valida de facto a líderes criminales como contrapartes políticas legítimas para gestionar la paz en el estado de Guerrero.
La polémica estrategia gubernamental entrega el control de la seguridad pública a los hilos de la ilegalidad, buscando pactar treguas mafiosas en lugar de desmantelar a las dos organizaciones criminales que mantienen bajo terror a la Montaña Baja: Los Ardillos y Los Tlacos.
Los documentos oficiales de la Segob exhiben una postura de sumisión institucional, donde la aplicación de la ley y el despliegue del Ejército Mexicano quedaron condicionados a la aprobación de los jefes del narcotráfico.
Por orden presidencial, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, contactó directamente a los liderazgos de ambas facciones en disputa para solicitarles pacíficamente que terminaran con los bloqueos carreteros.
En un hecho sin precedentes en la política interna de México, el boletín oficial celebra que “los líderes estuvieron de acuerdo en su planteamiento”, subordinando la acción constitucional de las Fuerzas Armadas al visto bueno del crimen organizado.
Para resolver la crisis en el municipio de Chilapa, la Federación confirmó que “se establecerán mesas por separado con los dos grupos”. Esta medida renuncia por completo a la persecución penal y a las órdenes de aprehensión, apostando en su lugar por un reparto negociado del territorio de la Montaña Baja.
Megaoperativo tardío: El Ejército entra con el aval del narco
Solo después de que los grupos delictivos otorgaron su consentimiento y reabrieron las vías de tránsito, las corporaciones estatales y federales pudieron tomar el control del corredor comunitario de Chilapa.
El masivo despliegue militar —que previamente se mantuvo inerte mientras los cárteles sitiaban poblaciones enteras— incluye 690 elementos del Ejército, 400 agentes de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, apoyados por 5 helicópteros y decenas de vehículos blindados.
Mientras los militares patrullan caminos liberados bajo permiso criminal, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda instalaron un Centro de Mando en Chilpancingo colmado de altos mandos de la Sedena, Marina y la FGR que, en la práctica, operan como meros administradores y observadores de un armisticio pactado con la delincuencia.
Terror y desconfianza: Desplazados rechazan refugios del Gobierno
Los días de balaceras y terrorismo criminal —donde las bandas antagónicas incomunicaron a la región cortando la energía eléctrica, el internet y la telefonía de la CFE— han dejado una profunda huella de desconfianza en la sociedad civil.
Aunque el saldo médico oficial reporta seis personas heridas atendidas en hospitales de la red IMSS-Bienestar, la verdadera fractura se vive en las zonas de impacto humanitario como Alcozacán y Coatzingo.
Un contingente de 120 pobladores víctimas de desplazamiento forzado se negó rotundamente a ser trasladado a albergues gubernamentales, manifestando un profundo temor a ser entregados o delatados ante los mismos grupos delictivos con los que la Segob dialoga.
Las familias indígenas prefirieron quedarse a la intemperie en sus comunidades en ruinas, limitándose a recibir colchonetas, cobertores e insumos de emergencia mientras el Estado mexicano legaliza la influencia de sus verdugos.
La estrategia de seguridad de la administración federal marca un peligroso hito de debilidad institucional: ante la incapacidad de someter a la delincuencia mediante la fuerza legítima y la justicia, el gobierno ha decidido sentarse a negociar la soberanía del país en las mesas del crimen organizado.
