“¡Mamá, no dejes que me lleve!”. Este fue el desgarrador grito de auxilio de Mía, una pequeña de tan solo 9 años en Piedras Negras, Coahuila. No fue un llanto en la intimidad del hogar; fue una súplica desesperada en un espacio público antes de ser separada de su madre por las propias autoridades que debieron protegerla. Hoy, este caso expone la peor de las realidades mexicanas: la aparente subordinación de la justicia ante el dinero, el influyentismo y el compadrazgo legal.
La cronología del terror para esta familia comenzó el pasado 27 de mayo, cuando la menor logró romper el silencio y confesarle a su familia materna que su progenitor la tocaba por las noches. La respuesta del Estado, lejos de activar un protocolo inmediato de resguardo con perspectiva de infancia y género, fue brutalmente revictimizante. En un acto de profunda opacidad, la madre fue detenida por elementos policiales en el Teatro Maldonado de Piedras Negras, mientras la niña era forzada a retirarse entre lágrimas.
El foco de la indignación social apunta directamente al padre de la menor, Eduardo Alejandro Morales Cervera, señalado formalmente por la niña como su presunto agresor. La denuncia ciudadana y familiar acusa una robusta red de tráfico de influencias diseñada para blindar al acusado.
Se presume este influyentismo debido a que el abuelo de la menor, Juan Porfirio Morales Gutiérrez, junto con los abogados José Manuel Bravo y Alejandro Lara, presuntamente han utilizado su conocimiento del sistema judicial y sus conexiones locales para intimidar a la parte denunciante, manipular las diligencias y archivar la verdad.
La actuación de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Coahuila raya en la negligencia criminal. Bajo el cuestionable argumento legal de buscar una “familia de apoyo”, la institución retiró a la menor del padre, pero decidió entregarla formalmente a los abuelos paternos. Es decir, confinaron a la víctima en el entorno inmediato del presunto agresor y de quienes operan su defense. Esta decisión no es un error de criterio; es una flagrante omisión del principio del Interés Superior de la Niñez que pone en riesgo inminente la vida y la integridad de Mía.
Ante la parálisis de las instancias locales, la mirada pública debe volcarse hacia las autoridades de primer nivel que tienen la obligación legal e histórica de intervenir. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, debe demostrar con hechos, y no con discursos, que en su estado el poder político no cobija a presuntos pederastas.
Por su parte, la Procuradora General de la PRONNIF Estatal, María Teresa Araiza Llaguno, está obligada a ordenar una auditoría inmediata sobre el expediente, remover a los funcionarios de Piedras Negras que entregaron a la niña a la familia paterna y restituirla de inmediato con su madre.
Asimismo, el Fiscal General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, debe integrar una carpeta de investigación penal transparente, libre de las presiones de los litigantes involucrados, mientras que el alcalde de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez González, tiene el deber ético de fiscalizar rigurosamente el actuar de la policía municipal que ejecutó la detención de la madre.
La violencia contra los menores de edad es la forma más ruin de degradación social, y la negligencia institucional es su principal cómplice. Cuando el Estado calla, otorga; cuando el Estado encarcela a una madre que defiende a su hija, se convierte en coautor del delito. Los crímenes contra la infancia no admiten mediación, acuerdos bajo la mesa ni dilaciones procesales.
Quien cometa un ilícito en contra de una niña o un niño —sea abuso, explotación o violencia psicológica— debe recibir las penas máximas contempladas en el Código Penal, que implican décadas de prisión efectiva sin derecho a beneficios procesales. También aquellos funcionarios públicos y profesionales del derecho que utilicen el tráfico de influencias para encubrir la pederastia o obstruir la justicia deben ser sancionados penalmente por complicidad, destituidos e inhabilitados de por vida para ejercer cualquier cargo público o litigar en los tribunales.
El caso de Mía es la radiografía de un sistema judicial que parece diseñado para proteger al poderoso y desamparar a la víctima. Las niñas no mienten cuando piden ayuda. El pacto de impunidad en Coahuila debe romperse ya, antes de que el silencio institucional cobre una vida más.
