Redacción
CIUDAD DE MÉXICO. — Las recientes declaraciones de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien tildó de “mentira” la necesidad de contar con carrera judicial para ejercer la magistratura constitucional, abrieron un debate de fondo sobre el perfil idóneo de los juzgadores en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Al argumentar que la actual conformación de nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) opera de manera regular a pesar de que sus miembros no provienen del escalafón tradicional, Batres formalizó la ruptura con el modelo burocrático que dominó la judicatura durante tres décadas.
Tradicionalmente, la Corte se nutría en gran medida de magistrados y jueces de circuito formados en el servicio civil de carrera del PJF. En contraste, la actual conformación de nueve ministros está integrada predominantemente por perfiles externos con trayectorias en la academia, el litigio, la administración pública, el poder legislativo y el activismo partidista.
Críticos y analistas políticos señalan que la integración de la SCJN con perfiles afines al oficialismo, incluyendo a la exconsejera jurídica María Estela Ríos —reconocida como una de las seguidoras más leales a Andrés Manuel López Obrador—, ha comprometido la independencia judicial al sumar votos sistemáticamente alineados con el Ejecutivo.
Ríos se incorpora a la Corte junto a Lenia Batres, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa en un contexto donde sus detractores argumentan que esta cercanía ideológica violenta la división de poderes, pues sus proyectos suelen respaldar las reformas y leyes impulsadas desde la Presidencia de la República.
Los defensores de esta apertura señalan que la interpretación constitucional es una tarea multidisciplinaria y política en el sentido más amplio del término. Desde esta perspectiva, los perfiles externos aportan una sensibilidad social necesaria para evaluar el impacto real de las sentencias en la vida pública, rompiendo con el aislamiento institucional del pasado.
En el plano operativo, la ministra Batres defendió este enfoque argumentando que su propia ponencia obtuvo los niveles de rendimiento más altos de la institución durante el último año de la conformación anterior.
Sin embargo, las mediciones de productividad del primer ciclo de la Corte electa (período de septiembre a enero) revelan una realidad distinta para los nuevos perfiles y una caída general del 40% en las sentencias emitidas por el tribunal.
El rezago responde en gran medida al cambio logístico, pero la numeralia individual expone contrastes significativos: las ponencias que retuvieron personal de la carrera judicial tradicional registran el mayor avance, con ministros que superan los 100 proyectos presentados.
En contraste, la ministra Lenia Batres se ubicó en el último lugar de productividad neta del período, reportando la emisión de apenas 40 proyectos de sentencia, una cifra por debajo de integrantes electos como Arístides Guerrero, quien encabeza el bloque de relevo con 117 proyectos desahogados. Por su parte, perfiles como María Estela Ríos figuran también entre los rendimientos más bajos del arranque constitucional.
Más allá del origen de sus integrantes, la reconfiguración de la SCJN trajo consigo un cambio operativo de gran calado: la desaparición de las dos salas ordinarias. Bajo el diseño anterior, la carga cualitativa y cuantitativa de trabajo se distribuía en la Primera y Segunda Sala, agilizando el desahogo de miles de amparos y contradicciones de tesis.
Al concentrarse la totalidad de las atribuciones jurisdiccionales exclusivamente en el Tribunal Pleno de nueve ministros, la velocidad de resolución del tribunal se ha visto modificada. La necesidad de discutir de forma colegiada cada asunto en una sola mesa genera un cuello de botella institucional.
Los registros de debates actuales evidencian que el tiempo dedicado a la deliberación de asuntos de legalidad compite con el análisis de las grandes controversias y acciones de inconstitucionalidad, lo que obliga a la Corte a buscar mecanismos internos para contener el rezago.
El balance de este nuevo modelo judicial no se determinará por la numeralia de expedientes resueltos en el corto plazo, sino por la solidez argumentativa de sus futuras sentencias.
El desafío central para los ministros que operan bajo este esquema será demostrar que una Corte de composición multidisciplinaria y legitimidad popular puede mantener el rigor técnico indispensable para proteger los derechos fundamentales frente a las mayorías parlamentarias.
