RAMOS ARIZPE, COAHUILA. – Lo que ocurre tras los muros del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 18 de Mesillas ha dejado de ser un rumor para convertirse en una crisis de derechos humanos de dimensiones nacionales.
El penal se ha consolidado como un “agujero negro” donde la tortura sistemática, el hambre y la impunidad dictan la ley, afectando incluso a exmiembros de las fuerzas armadas.
El incidente más reciente que ha conmocionado a la opinión pública es la muerte de un interno, exelemento de la Secretaría de Marina, quien presuntamente fue víctima de brutales sesiones de tortura a manos de custodios federales en abril de 2026.
Según reportes preliminares, el cuerpo del exmarino presentaba huellas de violencia física extrema, un modus operandi que recuerda al asesinato de Oliver Eduardo Ramos Cardoza en mayo de 2023, cuya muerte a golpes fue captada en video pese a los intentos de la administración por reportarla como un “infarto”.
Pero la violencia no solo se ejerce con golpes. Familiares y colectivos de derechos humanos han denunciado una política de “muerte lenta” mediante la privación de servicios básicos.
En enero de 2026, un interno falleció por tuberculosis avanzada y desnutrición severa. Además, se ha documentado el deceso de otro recluso que, al momento de morir, pesaba apenas 28 kilogramos, evidenciando una falta total de alimentación y cuidados médicos básicos.
Los internos han denunciado el corte deliberado del suministro de agua potable y la falta de medicamentos esenciales, lo que ha provocado brotes infecciosos en el llamado “pabellón respiratorio”.
A pesar de que más de 380 presos han interpuesto quejas formales por maltratos, las represalias son inmediatas.
La gestión de la exdirectora Jetzael Martínez Cisneros dejó una estructura de opacidad que, según los denunciantes, persiste en la actual administración.
Las autoridades suelen clasificar los homicidios y muertes por negligencia como “suicidios” o “causas naturales” para evitar procesos penales.
La responsabilidad de frenar esta barbarie recae en una cadena de mando que, hasta ahora, ha sido señalada por su omisión.
Desde el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, institución encargada de la administración y operación del sistema penitenciario federal, hasta la SSPC son responsables directos de la operación y seguridad del penal.
Se suma la inacción de la FGR, encargada de procesar a los custodios y directivos bajo la Ley General contra la Tortura, la cual estipula penas de prisión e inhabilitación definitiva para quienes permitan estos actos.
Y aunque la CNDH ha emitido recomendaciones (como la 101VG/2023 y la 147VG/2024) estas han sido ignoradas en la práctica.
Por lo que la sociedad civil y los familiares de las víctimas exigen una intervención federal inmediata y la destitución de la cadena de mando del CEFERESO 18 antes de que la lista de fallecidos siga creciendo en el desierto de Coahuila.
