La mandataria chihuahuense objetó el requerimiento arropada por la cúpula del PAN, mientras los liderazgos de Morena desahogaron sus testimonios ministeriales en Culiacán.
CIUDAD DE MÉXICO.— El litigio político y ministerial de mayor voltaje en el país registró su episodio definitivo en las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR). La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, acudió a la sede central en la capital del país, pero rechazó rendir su testimonio tras interponer una objeción técnica contra la orden federal. La determinación de la jefa del Ejecutivo estatal consolidó una abierta ruptura con el gobierno central y cerró una jornada de citas judiciales que incluyó la asistencia previa, en Culiacán, del mandatario con licencia Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza Cázarez.
Acompañada por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y un bloque de legisladores de oposición, Campos Galván entregó un recurso formal elaborado por su equipo legal, encabezado por el abogado Roberto Gil Zuarth. La defensa argumentó que la notificación adolecía de vicios de fundamentación y que las leyes vigentes exceptúan a los gobernantes en funciones de atender estas diligencias bajo los términos planteados por el Ministerio Público de la Federación. A las afueras del recinto, la funcionaria denunció una estrategia de hostigamiento con fines electorales, reprochando un “doble rasero” por parte del partido oficialista ante la crisis de seguridad pública.
La indagatoria de la FGR —que inicialmente convocó a la mandataria en calidad de testigo— rastrea la cadena de mando relacionada con un operativo antinarcóticos desplegado en la Sierra Tarahumara. Dicho expediente cobró trascendencia internacional tras confirmarse el deceso de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense que presuntamente operaban sin autorización en territorio chihuahuense. Mientras la oposición acusó una campaña de desprestigio del régimen, la bancada de Morena en el Congreso mantiene la presión bajo el argumento de que existió una vulneración flagrante a la soberanía nacional al permitir la injerencia operativa de agencias extranjeras.
Por el contrario, el flanco sinaloense de la investigación optó por una ruta de mitigación de daños y disciplina procesal. Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez acudieron a desahogar sus respectivas citas ministeriales, derivadas de los señalamientos radicados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ambos referentes del oficialismo local rechazaron categóricamente las acusaciones del gobierno de Estados Unidos respecto a supuestas redes de protección y sobornos vinculados al crimen organizado, encuadrando su asistencia voluntaria como un ejercicio de transparencia civil.
Este escenario coloca la agenda pública en un punto de alta volatilidad y polarización total en las cámaras legislativas.
Con la gobernadora de Chihuahua plantando una barricada técnica mediante el uso de su inmunidad constitucional y los funcionarios sinaloenses apostando a limpiar sus nombres tras sus testimonios, la FGR se encuentra en el epicentro de una confrontación abierta. El caso debilita la narrativa oficial de un procedimiento ordinario de rutina y transforma formalmente las carpetas de investigación en una disputa descarnada por el control político de cara a los próximos meses.
