Propietaria señala que su Nissan Frontier 2024 lleva más de un año sin ser devuelta, pese a que asegura haber acreditado legalmente la propiedad; acusa malos tratos, evasivas y presunto uso particular de la unidad.
Oaxaca de Juárez, Oax.– Un nuevo señalamiento pone bajo cuestionamiento la actuación de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), luego de que una ciudadana denunciara públicamente que desde hace más de un año busca recuperar una camioneta Nissan Frontier modelo 2024 que se encuentra a disposición de dicha institución.
De acuerdo con la denunciante, pese a haber presentado la documentación con la que asegura acreditar legalmente la propiedad del vehículo, hasta el momento no ha logrado que la unidad le sea devuelta.
La afectada sostiene que durante meses ha acudido ante diferentes áreas de la Fiscalía y que, lejos de obtener una solución, presuntamente ha enfrentado evasivas, malos tratos, largas esperas y funcionarios que se trasladan mutuamente la responsabilidad.
Pero la acusación más grave es contra el agente del Ministerio Público Miguel Ángel López Ayala, a quien la propietaria señala directamente de presuntamente haberle solicitado 200 mil pesos a cambio de devolverle la camioneta.
Según el testimonio de la denunciante, el funcionario incluso le habría manifestado que la unidad “le gusta” y que de su decisión dependería devolvérsela o mantenerla para su utilización.
Estas declaraciones constituyen señalamientos de la parte denunciante y deberán ser investigados y esclarecidos por las autoridades competentes.
¿QUIÉN USA LA CAMIONETA Y POR QUÉ NO LA DEVUELVEN?
La propietaria también denuncia que mientras ella recorre oficinas y realiza trámites legales para recuperar su patrimonio, la camioneta presuntamente habría sido observada circulando por diferentes regiones del estado.
Por ello exige que la Fiscalía explique públicamente quién tiene bajo resguardo la unidad, quién ha autorizado su utilización, para qué actividades se ha ocupado y cuál es el fundamento jurídico para continuar reteniéndola, en caso de que ya no exista impedimento legal para su devolución.
El caso cobra relevancia ante los recientes cuestionamientos públicos relacionados con el presunto uso de vehículos asegurados o puestos a disposición de autoridades ministeriales.
PIDEN INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR Y DEL FISCAL GENERAL
La denunciante informó que su caso ya fue llevado ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, al considerar que podrían haberse vulnerado sus derechos durante el procedimiento.
Asimismo, hizo un llamado directo al gobernador Salomón Jara Cruz y al fiscal general del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, para que intervengan, revisen personalmente el expediente y garanticen una investigación imparcial.
La petición es concreta: que sea recibida en audiencia, que se determine de inmediato la situación jurídica de la camioneta, que se ordene su devolución si legalmente corresponde y que se investigue a cualquier servidor público que pudiera estar utilizando bienes asegurados para beneficio personal o solicitando dinero a particulares.
El señalamiento es grave y requiere una respuesta institucional inmediata.
Si las acusaciones resultan acreditadas, no se estaría únicamente frente a una irregularidad administrativa, sino ante conductas que podrían ameritar responsabilidades de distinta naturaleza. Si son falsas, corresponde igualmente a la Fiscalía aclararlo mediante documentos y una explicación pública.
LA FISCALÍA DE OAXACA DEBE RESPONDER
La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurre con los vehículos puestos a disposición del Ministerio Público y qué mecanismos existen para impedir que bienes particulares terminen siendo utilizados discrecionalmente por servidores públicos.
No basta con pasarse la responsabilidad de oficina en oficina. La denuncia exige investigación, transparencia y una respuesta clara.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca tiene ahora la responsabilidad de esclarecer estos señalamientos y demostrar que ningún funcionario se encuentra por encima de la ley.
