SLP.- El descontento social por las reiteradas violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información en San Luis Potosí estalló este martes con un enérgico “portazo” en el Palacio Legislativo, marcando el inicio de una jornada de protestas que colectivos civiles advierten que irá en aumento.
Periodistas, defensores de derechos humanos, madres buscadoras y gremios locales marcharon desde la Alameda Juan Sarabia y forzaron los accesos de la sede parlamentaria. La consigna es clara: exigir la anulación definitiva de la reforma penal que criminaliza la sátira política y la labor de la prensa independiente mediante el uso de la Inteligencia Artificial (IA). Ante la irrupción, los diputados suspendieron la sesión ordinaria y congelaron la revisión del decreto hasta septiembre, una medida que los manifestantes calificaron como una simulación para ganar tiempo.
Esta polémica iniciativa fue diseñada e impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, actual coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y aliado político del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Ante el arribo del contingente y antes de que los inconformes tomaran por completo el salón del Pleno, el legislador huyó de las instalaciones por los accesos traseros para evitar ser increpado.
Pese a su huida, Serrano Cortés ha defendido públicamente su legislación, desestimando los reclamos ciudadanos e insistiendo en que el texto busca regular las identidades simuladas en internet. Sin embargo, en la práctica, su redacción faculta el acoso judicial contra reporteros independientes que difunden cartones, memes y críticas a la administración pública.
El conflicto apenas comienza y expone un patrón sistemático de hostilidad institucional en la entidad. Organizaciones internacionales como Artículo 19 sostienen que la ambigüedad jurídica de la ley legaliza la persecución del pensamiento crítico y la censura previa.
El aparato de justicia estatal ya utilizó esta norma para encarcelar temporalmente a tres comunicadores digitales —entre ellos Érendira Reyes, administradora de la página de denuncia social San Wicho Times— por cuestionar al gobierno estatal. Esta ola de criminalización motivó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras dispersarse el tumulto de hoy, la mesa directiva reanudó labores en privado para aprobar reformas electorales locales, lo que encendió aún más los ánimos de los colectivos, quienes advirtieron que radicalizarán sus acciones y reventarán los eventos públicos de los diputados en todo el estado si no se deroga la ley de inmediato.
