CIUDAD DE MÉXICO. — En un fallo clave para la política educativa del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la legalidad del plan de evaluación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el sector básico. La resolución judicial confirma un viraje hacia la flexibilización institucional, prohibiendo la reprobación automática por ausentismo, aunque preserva la retención de grado para los alumnos que no alcancen los estándares mínimos cuantitativos en primaria alta y secundaria.
Con esta determinación, el máximo tribunal respalda el andamiaje normativo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el cual busca priorizar la permanencia en las aulas y combatir la deserción escolar mediante criterios de equidad. Sin embargo, el dictamen deja claro que la acreditación no es un cheque en blanco, delimitando las reglas operativas que obligarán a miles de estudiantes a repetir el ciclo escolar.
El rediseño de los criterios de promoción paso a paso
La política aprobada por el Poder Judicial segmenta la educación básica bajo un esquema de corresponsabilidad y evaluación formativa:
- Bloqueo de reprobación temprana: En preescolar y primer grado de primaria, la acreditación es automática. El diseño normativo suprime las escalas numéricas en esta fase para evitar la exclusión prematura del sistema.
- Umbral cuantitativo en primaria: De segundo a sexto grado de primaria, los alumnos están obligados a registrar un promedio final mínimo de 6.0 en los campos formativos. El sistema tolera hasta cuatro asignaturas no acreditadas bajo condición de regularización; reprobar cinco o más materias significará la repetición del año escolar.
- Filtro estricto en secundaria: Se mantiene el piso mínimo de 6.0 por disciplina. Los estudiantes que adeuden cinco o más materias al cierre del ciclo no serán promovidos y deberán recursar el grado completo.
Impacto en la agenda pública y el sector privado
El veredicto de la SCJN unifica las reglas del juego tanto para el sector público como para los colegios particulares, limitando el margen de discrecionalidad de los planteles educativos. Al desvincular el requisito del 80% de asistencia de la acreditación directa, la Corte blinda la política de la SEP contra visiones punitivas de la educación, argumentando que las faltas suelen responder a factores socioeconómicos o del entorno familiar que el Estado no debe castigar con la exclusión.
Para la actual administración, este fallo representa un triunfo en la consolidación de su agenda educativa, garantizando que el modelo formativo resista los cuestionamientos legales de sectores técnicos. No obstante, el reto se traslada ahora a las aulas y a las oficinas de control escolar, las cuales deberán implementar los procesos extraordinarios y de tutoría obligatoria para el rescate de los alumnos rezagados.
