Vinculan a proceso a tres defensores de la tierra en Ixil, Yucatán; acusan criminalización inmobiliaria
Mérida, Yucatán. Tras una maratónica audiencia de casi 12 horas en el Centro de Justicia Oral de Progreso, la jueza de control Suemy Lizama Sánchez dictó auto de vinculación a proceso contra tres defensores del territorio del municipio de Ixil.
Se les imputan los delitos de despojo de cosa inmueble y resistencia de particulares. El dictamen ha encendido las alarmas de organizaciones civiles y de derechos humanos nacionales e internacionales, las cuales denuncian de forma unánime que se trata de una flagrante estrategia de persecución y criminalización en contra de la resistencia pacífica de la comunidad maya.
Los vinculados a este proceso penal son los activistas comunitarios Cecilio Cisneros y Guillermo Yam Ek, así como Sergio Oceransky Losana, integrante de la Fundación Yansa.
La acusación penal proviene directamente de los corporativos empresariales Abimerhi y Millet. Dichos grupos reclaman la presunta propiedad legítima de un polígono agrario que abarca desde 320 hectáreas de uso agrícola inmediato hasta más de 5,000 hectáreas ejidales e históricas de la región.
Este conflicto territorial escaló de forma crítica tras un violento intento de desalojo y la ocupación policial de las áreas colectivas de cultivo.
Ante la resolución judicial dictada, la juzgadora consideró que existían datos de prueba suficientes aportados por la Fiscalía y decretó severas medidas cautelares en contra de los defensores.
Se ordenó el arraigo estatal para Cisneros y Yam Ek, obligándolos a acudir a firmar de manera periódica ante el juzgado y prohibiéndoles estrictamente abandonar el territorio de Yucatán.
En el caso de Sergio Oceransky, el juzgado ordenó la colocación obligatoria de un localizador satelital mediante un brazalete electrónico, otorgándole únicamente un permiso de excepción humanitaria temporal para viajar al extranjero con el fin exclusivo de atender una urgencia médica familiar.
Detrás de esta ofensiva jurídica se encuentran las familias Abimerhi y Millet, identificadas como dos de los grupos con mayor poder económico, inmobiliario y político en la península de Yucatán.
El litigio es encabezado formalmente por el empresario Chikri Abimerhi, líder del Corporativo Abimerhi, firma que ostenta el control de empresas de grúas, transporte y distribución de combustibles.
En alianza con la dinastía inmobiliaria Millet, buscan el control total de las tierras para impulsar macroproyectos residenciales de lujo de alta plusvalía y complejos como “Cedrón”, el cual fue clausurado previamente debido a la firme oposición local y a la carencia de permisos de impacto ambiental vigentes.
La vinculación a proceso actual representa el desenlace de un conflicto agrario que tuvo su jornada más violenta el 17 de agosto de 2023, cuando cerca de 300 elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán ejecutaron un cerco policial masivo.
El operativo bloqueó con vallas y escudos los accesos a los predios de uso común conocidos como Kansahocop y Chunup, argumentando que auxiliaban un aseguramiento ministerial solicitado por la Fiscalía General del Estado. El despliegue policiaco impidió el paso de las familias campesinas a sus zonas de siembra y derivó en una represión que incluyó el uso de gas pimienta, gas lacrimógeno y detenciones arbitrarias, dejando decenas de civiles heridos.
Finalmente, las organizaciones que brindan acompañamiento jurídico integral a la comunidad, tales como Kanan Derechos Humanos y la Fundación Yansa, han reiterado de forma enérgica que este proceso judicial carece de un sustento real.
La defensa legal acreditó que la comunidad de Ixil ha mantenido la posesión de estas tierras forestales y de agricultura por generaciones bajo el régimen ejidal de uso común. Los representantes comunitarios acusan públicamente a la Fiscalía del Estado y a la jueza del caso de operar en una colusión sistemática con las élites inmobiliarias, utilizando el aparato de justicia penal para amedrentar a los pobladores autóctonos y forzar la desarticulación del movimiento de defensa territorial.
