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Morelia.– A mediados de febrero, los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, reiteraron su reclamo al gobierno federal, señalando que se les ha excluido o ignorado, principalmente en la toma de decisiones y asignaciones presupuestarias.

Tras las declaraciones del titular del ejecutivo federal sobre el destino y administración de los recursos para atender la pandemia de COVID-19, este reclamo hizo eco en otros mandatarios, quienes se sumaron para formar un bloque coordinado que trabaje de manera paralela a la administración central.

El pasado 15 de Mayo, ante la falta de coordinación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las autoridades locales, los gobernadores de siete estados armaron un bloque para diseñar sus propias medidas sanitarias y de reactivación económica, planteando una respuesta conjunta a la pandemia de COVID-19.

Los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Durango, Jalisco y Colima anunciaron haber llegado a un acuerdo para una “reciprocidad fiscal” por parte de la Federación, pues buscan también resarcir los recortes anunciados por la Secretaría de Hacienda, ante la epidemia.

En un encuentro con sede en Morelia, Michoacán, los mandatarios aseguraron que impulsarán el diálogo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, acordaron trabajar sobre una agenda de salud, reactivación económica y atención a la pobreza, de manera independiente.

La agenda será sobre los ejes: construcción de una nueva normalidad en medio de una epidemia todavía activa; reactivación económica por etapas y prioridades; protección prioritaria a grupos vulnerables; y viabilidad financiera de los estados.

También acordaron adoptar un “Protocolo General de Salud y Reactivación Económica”, donde contemplan una reapertura gradual y sincronizada de “sectores con cadenas de valor compartidas, siempre considerando la responsabilidad con la salud y la vida de los ciudadanos”.

En cuanto a las actividades escolares, dijeron que no iniciarán clases presenciales durante el presente ciclo escolar, el cual buscarán concluir desde los hogares.

Aseguraron que “en los casos donde no haya condiciones de conectividad a internet o virtuales, se buscará la implementación de algún mecanismo que le permita a los niños y niñas no estar en desigualdad para el acceso a contenidos educativos”.

Otra acción acordada por los 7 mandatarios estatales es iniciar la “ruta legal” para solicitarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), resarcir los gastos transferidos por la Federación a las entidades para la atención de la emergencia sanitaria, “y los cuales no estaban previstos en sus ejercicios fiscales para el 2020”.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, dijo que no pedirán “nada que no le corresponda a nuestros estados. No vamos a seguir permitiendo que el gobierno afecte decisiones que afecten a nuestros estados. No permitir más abusos de parte del gobierno central”, insistió.

Estuvieron presentes los gobernadores Silvano Aureoles, de Michoacán; Jaime Rodríguez Calderón, Nuevo León; Miguel Ángel Riquelme Solís, Coahuila; José Rosas Aispuro, Durango; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Ignacio Peralta, de Colima, así como a Enrique Ibarra, secretario de gobierno de Jalisco (en representación del mandatario estatal Enrique Alfaro).

Reunión con empresarios

El mes pasado, los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y Michoacán, se reunieron con más de 2,000 empresarios, donde consideraron que es impostergable revisar el pacto federal y la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de reactivar la economía y apoyar el empleo ante la crisis provocada por el Covid-19.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, explicó que los empresarios expusieron que se requiere generar más incentivos y una mejor distribución del presupuesto federal.

Además, Riquelme Solís recordó que se envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para la redistribución del presupuesto federal que afectará a los fondos metropolitanos. “Estábamos esperando todos (que el fondo metropolitano) fuera parte de la reactivación económica para la construcción de infraestructura del país”.

En este contexto, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el 31 de enero pasado, que en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, se prevé una asignación de 3,300 millones de pesos para el Fondo Metropolitano.

De acuerdo con la SHCP, el gasto federalizado ascendió a 1.9 billones de pesos en el 2019, monto menor en 9,286 millones de pesos respecto al 2018. En términos reales, significó una caída de 4.0% anual, el peor resultado en una década.

El gasto federalizado se integra por participaciones, aportaciones, convenios y subsidios; los dos primeros ramos, 28 y 33, respectivamente, concentran 86.9% del total.

¿Fin del pacto fiscal federal?

Diversas fuentes extraoficiales han señalado que más de 20 entidades, gobernadas principalmente por los partidos de oposición, han estado inconformes ante “la falta de una distribución justa de recursos”, lo que podría terminar en un nuevo ordenamiento fiscal.

Aunque no se ha confirmado si los mandatarios estatales sí plantearán de manera formal y legal esta postura, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, lamentó la actitud de algunos gobernadores que están planteando en medio de la emergencia sanitaria la secesión o separación del pacto federal de algunas entidades.

“El mejor camino es serenarse y ponderar, lo demás en un callejón sin salida”, indicó.

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