Ciudad de México.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado por lavado de dinero y asociación delictuosa, perdió la apelación para revocara su condena de 9 años de prisión.

La pena, impuesta desde 2018, fue confirmada por un Tribunal federal confirmó la sentencia de 9 años de prisión, al considerar que el proceso penal en el que aceptó declarase culpable fue totalmente legal.

La magistrada Isabel Porras Odriozola – titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México – concluyó que las pruebas ofrecidas por la entonces PGR fueron idóneas para sostener que Duarte participó en un complejo esquema criminal que a través de empresas fantasma y prestanombres consiguió desviar miles de millones de pesos del erario público.

No obstante, la magistrada revocó el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas a Duarte que se había ordenado como parte de la condena, pues señaló que se trata de bienes de otros procesados que aun no son condenados, y por lo tanto debe esperarse hasta el cierre total de caso.

Esta decisión es resultado de una apelación que Duarte promovió en contra de la sentencia condenatoria que se le dictó desde el 26 de septiembre de 2018. 

El procedimiento se alargó más de un año debido a que el exgobernador tuvo que recurrir a un amparo para que se le permitiera solicitar la revisión del procedimiento.

Originalmente Duarte fue sentenciado en una audiencia preliminar, en la que el priista se declaró culpable y renunció a su derecho de ir a un juicio, en lo que se conoce como “procedimiento abreviado”.

A cambio, consiguió que se le dictara la pena mínima y que, gracias a un acuerdo previo con la PGR, se le retirara el delito más grave que era el de delincuencia organizada.

La defensa del exgobernador argumentó que las pruebas bancarias en las cuales se sostenía la acusación de lavado de dinero habían sido obtenidas por la Procuraduría, sin el aval de un juez, lo que incluso ha provocado que otros procesados del mismo caso terminen absueltos.

Sin embargo, la magistrada subrayó que fue el propio Duarte el que aceptó renunciar a su derecho de defenderse en un juicio y de combatir las pruebas del Ministerio Público, quitándose él mismo la posibilidad de haber entrado al fondo de su asunto.

“La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (…) Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, concluye la magistrada.

Suspenden decomiso

En su resolución la magistrada también consideró como correcta la multa de 58 mil 890 pesos que se le impuso a Javier Duarte por los dos delitos, así como la amonestación verbal que se le dictó para no incurrir de nuevo en estas actividades, y la pérdida de sus derechos políticos durante el tiempo en que dure la condena.

Lo que sí revocó – al menos temporalmente – fue el decomiso de los bienes dictados en la sentencia original, pues se trata de propiedades ligadas a otras personas que siguen en proceso o no han sido detenidos, y en donde hay que esperar a la resolución de dichos procesos.

Se trata de aproximadamente 41 propiedades entre las que se encuentran 21 terrenos ejidales en Campeche y 20 casas y departamentos ubicados en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero

¿Qué sigue?

La resolución deja firme la condena de 9 años de cárcel en contra de Javier Duarte, por lo que, al haber sido detenido en abril de 2017, al exgobernador le restarían casi seis años para recuperar su libertad.

Como último recurso, podría promover una demanda de amparo directo en contra de la condena, en la que podría argumentar violaciones a sus derechos constitucionales.

Una vez que cumpla más de la mitad de su pena podrá solicitar su liberación anticipada, decisión que recaerá en los jueces.

En contra de Duarte hay otros casos pendientes pero esta condena es la única que lo mantiene en prisión.

Duarte de Ochoa fue uno de los gobernadores, que junto a Enrique Peña Nieto, enarbolaron la nueva era del Partido Revolucionario Institucional, años en los que el saque a las arcas públicas fue descomunal, la pobreza aumentó en todos lo estados que gobernaros, mientras que la violencia y la inseguridad se apoderaron de todo el territorio nacional.

Con información de Animal Político

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